Este martes, en la sede nacional del PJ en la calle Matheu, Cristina Kirchner recibió el fallo de la Corte Suprema que confirmó su condena por administración fraudulenta en la obra pública vial de Santa Cruz. El tribunal respaldó la sentencia que le aplica seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa inhabilitación impide también su continuidad al frente del Partido Justicialista, por exclusión del padrón electoral.
El Código Penal establece en su artículo 12 que toda pena de prisión mayor a tres años conlleva “inhabilitación absoluta”. El artículo 19 agrega que esa inhabilitación incluye la pérdida del derecho electoral, la imposibilidad de ocupar cargos públicos y la suspensión de cualquier pensión o jubilación. Por su parte, el Código Nacional Electoral excluye del padrón a quienes reciban una condena ejecutoriada por delitos dolosos con pena privativa de la libertad.
Impacto en el Partido Justicialista
La ley orgánica de partidos políticos prohíbe la afiliación de quienes queden excluidos del padrón electoral (artículo 24). Además, el artículo 33 impide que esas personas sean designadas para ejercer cargos partidarios o presentar candidaturas en elecciones primarias y generales.
De este modo, la inhabilitación de Cristina Kirchner la deja sin posibilidad de conducir los destinos del PJ nacional y sin chance de integrar listas en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.
El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, notificó a la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación de los condenados. La Cámara, a su vez, identificarán la jurisdicción de cada uno y comunicará al juez electoral correspondiente para que proceda a la baja automática del registro de votantes. Así, Cristina Kirchner y los demás condenados no aparecerán en el padrón en las próximas elecciones.
Otros condenados con inhabilitación
A la ex presidenta se suman varios ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz: José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. Todos recibieron penas de prisión y la inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. El empresario Lázaro Báez, aunque condenado, no ejerció funciones públicas, por lo que su inhabilitación no afecta cargos partidarios.
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