La ex Presidente está procesada en la causa junto con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; Báez y su hijo Martín, junto con otros ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz y directivos del grupo Báez. Todos tienen embargos por 10 mil millones de pesos. En el caso se investiga el supuesto direccionamiento de los contratos en favor del detenido empresario Lázaro Báez, favorecido con $ 46.000 millones en contratos durante el kirchnerismo.
Cristina está procesada por la "conformación de una asociación, que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz". Báez recibía obra pública a través de sus empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla SA y de la "Sucesión Adelmo Biancalani".
Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, impulsores de la causa, ya le habían hecho el pedido de elevación a juicio al juez federal Julián Ercolini. En el día de hoy, la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pidió ir a juicio oral y público en la causa mencionada.
La actual senadora, a través de su abogado Carlos Beraldi, hizo una presentación ante el juez federal Julián Ercolini en la que criticó su procesamiento y cómo se investigó la causa, pero no se opuso a la que el expediente pase a juicio oral. Además, pidió estar presente cuando se sortee el tribunal que estará a cargo del juicio.
En un escrito de tres carillas al que accedió la defensa señaló que no está previsto en la ley la apelación de un pedido de elevación a juicio, por lo que "el tránsito de estas actuaciones a la instancia oral ya se encuentra definido"
La actual senadora nacional criticó los pedidos de elevación a juicio de parte de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y de la Oficina Anticorrupción (AO) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúan como querellantes en la causa. Dijo que tienen "vicios y arbitrariedades" que fueron denunciando durante la investigación.
En el escrito la ex Presidente señala
"En consecuencia, habré de continuar desarrollando el derecho de defensa que asiste a mi parte una vez que estas actuaciones arriben al Tribunal Oral, en donde requeriré, una vez más, el reencauzamiento de esta causa de conformidad con las normas procesales vigentes"
La defensa también recordó que todavía hay presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación pendientes de resolución y cerró el escrito con su pedido: "se eleven las actuaciones al Tribunal Oral, previo sorteo de práctica, requiriendo desde ya que se me notifique de dicho acto a efectos de presenciar el mismo y poder controlar su legalidad".
En total son 20 personas procesadas que irán a juicio oral y público para ser juzgadas por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública. Entre ellos está Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, que está preso desde el 22 de diciembre por intentar entorpecer la causa. De Vido y López también están detenidos.
En el expediente se investiga la entrega por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de 52 contratos de obras viales para Santa Cruz por 46 mil millones de pesos que presentaron irregularidades. La causa se inició por una denuncia que presentó el gobierno de Mauricio Macri al inicio de su gestión.
El juez Ercolini tiene previsto enviar la causa a juicio oral los primeros días de febrero, cuando regrese la actividad judicial.
El tribunal oral federal que salga sorteado podría ser el que tome todas las causas de corrupción en las que la ex mandataria está acusada. Las restantes son "Los Sauces" y "Hotesur" por el alquiler de propiedades y hoteles de la familia Kirchner por parte de Báez y Cristóbal López, dos empresarios detenidos que fueron beneficiados con negocios durante el gobierno anterior.
Es porque si bien son causas que tramitan separadas tienen un mismo hilo: los fondos públicos que recibió Báez por la obra pública volvieron en parte a la familia Kirchner para sus negocios personales. A eso se puede sumar el expediente de "la ruta del dinero K" que ya fue elevada a juicio oral y en la que Báez está procesado por lavado de dinero.
Por lo pronto Cristina ya se enfrentará un juicio oral, porque ya fue elevada la causa por irregularidades en la venta de dólar futuro, con fecha de inicio a determinar, en un proceso que estará a cargo del Tribunal Oral Federal1.
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