Una de las incógnita que daba vueltas entre los empresarios argentinos parece haber terminado: el Gobierno nacional no prorrogó la prohibición de despidos y estableció un esquema gradual para terminar con la doble indemnización por cesantías sin causa.
La doble novedad fue establecida en un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente, Alberto Fernández, y sus ministros.
El DNU que baja las indemnizaciones por despidos
La nueva normativa extiende hasta el 30 de junio de 2022 la emergencia pública en materia laboral declarada en diciembre de 2019. Sin embargo, a diferencia con las anteriores extensiones, esta vez no prorroga la prohibición de despidos.
De hecho, el DNU reconoce esa posibilidad al detallar cómo serán las indemnizaciones adicionales que cobrarán los trabajadores "en el caso de despido sin causa durante la vigencia del presente decreto".
Así, después de dos años, la normativa termina con la doble indemnización ya que establece que a partir del 30 de junio de 2022, cuando caduque el DNU, los costos de los despidos se reducirán cada dos meses para los empresarios. Además, se mantiene el tope de $500.000 para el plus por despidos.
Finalmente, el pago extra -con tope- no se aplicará a las contrataciones posteriores al 13 de diciembre de 2019, cuando se publicó el DNU 34/2019, ni al Sector Público.
Por qué termina la doble indemnización
El DNU determina que "los efectos de la pandemia sobre la población y el todavía incierto panorama acerca de su evolución, atento a las experiencias que se observan en otros países y al crecimiento del número de contagios en nuestro país, imponen la necesidad de seguir un criterio de prudencia y gradualidad para dejar sin efecto la medida establecida".
Por otro lado, según indica el DNU, la doble indemnización no se elimina de forma directa sino gradual porque, si bien entre enero y septiembre de 2021 hubo una "incorporación de 129.000 trabajadoras y trabajadores al empleo formal", "el número de trabajadoras y trabajadores con empleo registrado en el conjunto de las empresas privadas se encuentra un 5% por debajo del nivel observado en diciembre del año 2015.
"Por lo tanto, es necesario mantener el objetivo de acrecentar el nivel de protección de trabajadores y trabajadoras formales mediante un incremento de los resarcimientos originados en los despidos incausados", justifica el texto.
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