Se han efectuado arrestos adicionales en la pesquisa sobre corrupción en el Servicio Penitenciario. Como parte de la pesquisa penal dirigida contra empleados del Servicio Penitenciario acusados de participar en actividades corruptas, se llevaron a cabo dos nuevos operativos policiales que resultaron en la detención de dos individuos adicionales.
El equipo encabezado por el procurador general Pedro García Castiella y la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), junto con el fiscal penal Santiago López Soto de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, llevó a cabo dos operativos de registro, autorizados por el Juzgado de Garantías 3. Estos allanamientos culminaron con la detención de dos individuos relacionados con la investigación sobre presuntos actos de corrupción en el Servicio Penitenciario de Salta.
El caso se abrió a principios de diciembre después de una serie de registros que permitieron desarticular la organización. Durante estas acciones llevadas a cabo por la Unidad de Investigación del CIF, se confiscaron varios objetos relevantes para la investigación, como teléfonos móviles, memorias USB, ordenadores, efectivo y documentos vinculados a los internos.
Los individuos arrestados enfrentan cargos por solicitar pagos indebidos a reclusos a cambio de privilegios dentro del sistema carcelario. Ambos serán acusados por la presunta comisión del delito de Exacciones Ilegales Agravadas – Concusión, en múltiples ocasiones, siendo el primero, un funcionario del Servicio Penitenciario, imputado como autor y el segundo, como cómplice necesario.
En el transcurso de la pesquisa, se llevó a cabo el examen de los dispositivos móviles de individuos previamente acusados, donde se descubrieron diálogos que evidencian la concertación para obtener ventajas a cambio de pagos de parte de parientes de reclusos, involucrando a un intermediario en el proceso.
Corrupción en el Servicio Penitenciario: transferencias detectadas
Los intercambios sugieren que tomaron una parte activa en la obtención de ventajas a cambio de dinero, incluso facilitando su número de cuenta bancaria para recibir los pagos. Además de los diálogos, la acusación se sustenta en análisis financieros y transferencias detectadas, proporcionados por el Departamento de Fraudes de Mercado Libre.
La declaración de un exrecluso en la Unidad Carcelaria 1 reveló desembolsos de $95.000 para obtener su liberación durante la crisis sanitaria en 2020 o 2021, además de un pacto de $380.000 con su padre a cambio de informes positivos y ventajas adicionales, de los cuales únicamente se entregaron $280.000 en efectivo. También abonó $60.000 para eliminar una sanción. Todas las transacciones fueron efectuadas a uno de los individuos ya acusados, quien gestionaba los favores.
Estas últimas aprehensiones elevan el número total de individuos implicados a aproximadamente 20, con al menos siete de ellos siendo parte del personal del Servicio Penitenciario de Salta. Las detenciones más recientes y las acusaciones se llevaron a cabo a finales de enero.
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