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SUSCRIBITEEl proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil avanzó con amplio apoyo de bloques opositores y ahora deberá ser tratado en el Senado.
Foto ilustrativa.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional y que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales.
El peronismo votó en contra en bloque y cuestionó el enfoque del proyecto, al considerar que la problemática del delito juvenil debe abordarse desde una perspectiva integral que incluya políticas de salud mental, educación y contención social.
Uno de los ejes centrales de la ley es la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años. Además, se establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
Para delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, el proyecto contempla penas alternativas, entre ellas amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.
El texto aprobado prevé la creación de institutos especiales para el cumplimiento de las penas de menores condenados. En estos espacios se garantizará el derecho a la educación, atención médica y tratamiento en casos de consumo problemático. El personal deberá estar capacitado en infancia y adolescencia y se prohíbe expresamente la convivencia con detenidos mayores de edad.
El nuevo régimen habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento de la víctima. Además, se incorporan mecanismos restaurativos como alternativa a la prisión en determinados casos.
Otro de los puntos destacados es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza el derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico y asistencia psicológica, y a participar en instancias relevantes del proceso.
En la última versión del proyecto se incorporó un artículo que destina más de $23.700 millones para la implementación del nuevo régimen penal juvenil. De ese total, $3.131 millones serán para el Ministerio de Justicia y $20.607 millones para la Defensoría General de la Nación. La inclusión del presupuesto fue clave para destrabar el apoyo de gobernadores que reclamaban que los costos no recayeran solo en las provincias.
Ahora, el proyecto deberá ser tratado en el Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley.
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