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SUSCRIBITECondenan al arzobispo de Salta por violencia de género contra religiosas y ahora deberá hacer tratamiento psicológico luego de un largo conflicto.
Condenan al arzobispo de Salta, Mario Cargnello, por violencia de género contra religiosas y ahora deberá hacer tratamiento psicológico luego de un largo conflicto.
María Livia - encomendada a la Virgen del cerro de Salta
El arzobispo de Salta fue denunciado por violencia de género por las monjas del Convento Bernardo
La Virgen del Cerro. La inesperada grieta religiosa entre el arzobispado de Salta y las monjas de clausura que finalizó en la justicia con denuncia de violencia de género
El arzobispo Mario Cargnello, de la provincia de Salta, protagonizó un escándalo en la Iglesia católica argentina que pudo haberse evitado, ya que todo fue en torno a la devoción a la Virgen del Cerro, alarmando a la sociedad por una causa de violencia de género.
Se trata de un hecho sin precedentes en la Iglesia argentina, donde la jueza de la provincia de Salta, Carolina Cáceres Moreno, encontró culpable de violencia de género a un arzobispo, un obispo emérito y dos sacerdotes en perjuicio de unas monjas de un histórico convento de la capital provincial y les ordenó someterse a un tratamiento psicológico y a una capacitación en cuestiones de género. Además, ratificó que deben seguir cumpliendo una perimetral.
En el último cuarto de siglo surgió en la provincia la devoción a la llamada Virgen del Cerro a partir de supuestos mensajes a la señora María Livia Galliano de Obeid. Una cuestión de fe que por años ha movilizado a miles de creyentes de diferentes pates del mundo, sin embargo no contaba con el respaldo de las autoridades eclesiásticas salteñas, ya que el arzobispo Mario Cargnello no vio con buenos ojos el culto a esta advocación.
La relación entre el arzobispo y las monjas comenzó a deteriorarse hace años a partir del apoyo de las religiosas a la devoción a la llamada Virgen del Cerro.
Las diferencias se profundizaron cuando las monjas le dieron un marco jurídico al accionar de María Livia y la espiritualidad en torno a la Virgen del Cerro, al pasar a ser parte de una fundación, y llegaron a una gran tensión entre el arzobispo y las monjas durante el velatorio de la abadesa y una posterior reunión en la que se habrían producido forcejeos entre Cargnello y una de ellas.
Esto derivó en el envío en 2021 por parte de la Santa Sede de “un visitador”, el obispo de Elizalde, acompañado por la hermana Isabel Guirov, para “analizar los problemas planteados”, pero cuyo comportamiento, así como el de los sacerdotes Loyola Pinto y Ajalla, del arzobispado, fue considerado agresivo por parte de las religiosas.
Al año siguiente, la Santa Sede dispuso que las religiosas “no debe en ningún modo involucrarse en actividades ligadas a la así conocida obra “Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús”, tal como se llama el movimiento espiritual en torno a la Virgen del Cerro.
La jueza Carolina Cáceres Moreno consideró probados los hechos de violencia de género ejercidos por el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, en perjuicio de las hermanas Carmelitas Descalzas del convento San Bernardo, con las que venía manteniendo diferencias desde hacía años. También, por el obispo emérito Martín de Elizalde, el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval y el sacerdote Lucio Ajalla.
La jueza concluyó que “aquellas (las Carmelitas Descalzas) han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica (el arzobispo nunca les devolvió un préstamos que les pidió), por un lapso de más de 20 años".
Entre esos hechos, enumeró "la obstrucción/demora/negativa en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al Obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica".
Además, "lo actuado por Monseñor Mario Antonio Cargnello y el Sacerdote Lucio Francisco Ajaya en ocasión del velorio de la hermana M. en fecha 25/09/20, en el cual las denunciantes padecieron violencia de género del tipo física y psicológica".
También menciona "lo acontecido durante la visita apostólica realizada por Monseñor Martín de Elizalde en fecha 25/10/21, en las que aquellas sufrieron violencia de género del tipo psicológica".
Considera que otro hecho violento fue "la comparecencia al monasterio del Vicario Judicial Loyola Pinto y de Sancristóval en fecha 27/04/22, a fin de poner en conocimiento a la comunidad carmelitana lo dispuesto por la Santa Sede, sin que la comunicación haya expresado tal forma de notificación, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica".
La jueza les a ordenó a los cuatro religiosos "realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género a fin de trabajar patrones vinculares y hechos de violencia" por lo que deberán presentar ante el juzgado constancias del cumplimiento de lo resuelto en este punto, de manera mensual durante el plazo de seis meses, "bajo apercibimiento de desobediencia judicial".
También dispuso que deberán realizar capacitación en cuestiones de género, violencia de género y la normativa vigente, "bajo apercibimiento de desobediencia judicial" y, a tal fin, libró oficio al Observatorio de Violencia Contra las Mujeres para que elabore y dicte el programa de capacitación. Y ratificó las medidas de prohibición de acercamiento que ordenó en 2022 luego de recibir la denuncia de las monjas.
Recomendaciones a las religiosas denunciantes
Por otra parte, recomendó a las denunciantes a realizar "retiros y/o ejercicios espirituales a fin de tramitar psicológicamente las consecuencias de la violencia de género padecida; debiendo presentar ante este Juzgado las constancias respectivas de manera mensual durante el plazo de seis meses".
Notificacion al Papa de lo sucedido
Además de la debida notificación a las partes, estableció que también se notifique al papa Francisco, mediante su delegado pontificio Javier Belda Iniesta, en su carácter de garante del acuerdo celebrado entre el arzobispado y el convenio el 27 de agosto de 2022 para encauzar la relación, más allá de proceso judicial.
Finalmente, la jueza impuso las costas del proceso judicial a los acusados.
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