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SUSCRIBITE Esta mañana se conoció el decreto 721/2020 del Gobierno nacional firmado por el presidente Alberto Fernández. El mismo establece que al menos el 1% de la totalidad de los cargos y contratos del sector público serán destinados a personas travestis, transexuales y transgénero.
Se trata de un hecho histórico que busca reparar la desigualdad existente en la sociedad respecto a la población travesti trans, garantizando el derecho al trabajo formal, digno y condiciones equitativas y satisfactorias.
Para implementar estas políticas, se crea una Unidad de Coordinación Interministerial, integrada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Gestión y Empleo Público, El Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) y el Ministerio de Educación.
Cabe destacar que la población de travestis y trans fueron marginadas de los ámbitos educativos durante años, por lo que se les dificulta la obtención de trabajos formales y estables.
Las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo Nacional serán capacitados para asegurar que la inclusión en los puestos del sector sea garantizando el respeto a la identidad y expresión de género de las personas.
Para el ingreso, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad realizará un Registro de Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que aspiren a ingresar a trabajar al sector público nacional.
“Existe en nuestra sociedad un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a las personas travestis, transexuales y transgénero a una cadena de exclusiones y discriminación que muchas veces se inicia en la niñez. Desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades. El Cupo Laboral Trans es un paso importante en ese camino”, sostuvo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.
En ese contexto señaló que las personas travestis, transexuales y transgénero históricamente fueron criminalizadas por códigos contravencionales y de faltas, y siguen en muchos casos siendo víctimas de violencia institucional por lo que la responsabilidad del Estado es ineludible. “A esto hay que sumar la expulsión histórica en los ámbitos educativos, la dificultad en la obtención de trabajos formales y estables. Por eso, esta normativa además de garantizar un piso mínimo de empleos para la población travesti trans, atiende particularmente esta cadena de exclusiones”, explicó.
Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del MMGyD afirmó que “las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros están atravesadas por la estigmatización, la criminalización y la patologización sistemática, tanto de la sociedad como en las instituciones, para nosotras es central transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión. Esta es una medida fundamental que implementa nuestro gobierno, y es acorde a la demanda social de las personas travestis y trans, puesto que es uno de los sectores más postergados de nuestra sociedad debido a sistemáticas prácticas discriminatorias”.
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