La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular de Justicia, Germán Garavano, y el asesor de esa cartera, Ricardo Gil Lavedra, presentaron el martes por la tarde el anteproyecto de ley para bajar de 16 a 15 años la edad de imputabilidad en delitos graves.

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"Actualmente rige un decreto de la dictadura por lo que no existe un sistema penal que dé respuestas adecuadas a los jóvenes", dijo el ministro. "Nuestra iniciativa asegura un proceso que respete las garantías de los menores y permita que las víctimas participen activamente", explicó. "La Argentina necesita una ley de la democracia", insistió.

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La responsable de la cartera de seguridad analizó: "Hace dos décadas que el país debate este tema. Este proyecto busca que haya menos delincuentes y no más presos. Tiene un sistema de contención para que los jóvenes que cometen delitos antes de tener 15 años puedan tener una alternativa de vida mejor antes que subir en la escala del delito. Entre el 5% y el 7% de los homicidios en el país son cometidos por menores".

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Los ministros afirmaron que el anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil contempla los lineamientos generales de la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.

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Especificidades del anteproyecto de ley

El proyecto contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores a 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años. La iniciativa contemplará un criterio de escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, entre los cuales se mencionan homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.

Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva.

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