Este lunes 5 de agosto, el Gobierno nacional reglamentó la primera parte de la Ley Bases que aprobó el Congreso.
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A casi un mes de la promulgación, el Gobierno nacional reglamentó la primera parte de la Ley Bases, avanzando así con las reformas propuestas por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión. La reglamentación, vinculada al Título II, aborda modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y privatizaciones de empresas públicas.
La reglamentación fue oficializada a través del decreto 695/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, acelerando así la implementación de la normativa. Este decreto establece la normativa para la reforma del Estado y los procedimientos administrativos, incluyendo la privatización de empresas públicas y la flexibilización de las condiciones del empleo público, detallando la implementación de cerca de 60 artículos de la ley.
El esquema previsto para la concesión o venta de empresas como Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales, NASA y YCRT fue detallado en el decreto. Los ministros o secretarios responsables deberán presentar informes al Poder Ejecutivo, proponiendo modalidades y procedimientos para las privatizaciones. Estos informes incluirán el carácter total o parcial de la privatización, alternativas de procedimiento, modalidades para materializar la privatización, procedimiento de selección y plazos estimados. Una copia del informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso.
En cuanto a la estructura del empleo público, se establecieron nuevas bases para el ingreso al Estado, incluyendo una “Evaluación General de conocimientos y competencias” anónima. Además, los empleados deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales y certificados de aptitud psicofísica. Las contrataciones ad honorem y por tiempo determinado también fueron autorizadas, con especificaciones claras sobre las funciones y la duración del trabajo. Los contratos podrán ser rescindidos en cualquier momento.
El Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad se creó para gestionar las desvinculaciones, con un sistema de indemnizaciones basado en la antigüedad del empleado. Los empleados en licencia por enfermedad, maternidad o accidente no podrán ser desvinculados, y aquellos próximos a jubilarse serán reubicados temporalmente.
El decreto introduce un nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos para agilizar la gestión estatal. Los trámites serán gratuitos, excepto aquellos con tasas específicas, y se aceptarán medios electrónicos para notificaciones y presentaciones. Los adolescentes tendrán plena capacidad para intervenir en procedimientos administrativos.
Aunque este decreto regula la primera parte de la Ley Bases, aún quedan pendientes las reglamentaciones de otros títulos de la legislación, incluido el RIGI, uno de los puntos más conflictivos en el Congreso.
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