Mediante los Decretos 592 y 593, publicados esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional promulgó la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos junto con un paquete de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Tras un largo y tenso proceso en el Congreso, cargado de intensas negociaciones políticas, Javier Milei consiguió los "instrumentos" necesarios para avanzar con su gestión a más de seis meses de haber asumido.
Este lunes, el Presidente, junto con el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, firmaron los decretos que permiten la entrada en vigencia de estas legislaciones.
Prioridades del Gobierno
En cuanto a la implementación de las leyes, el Gobierno dará prioridad a la reglamentación de los capítulos fiscales en una primera instancia. Particularmente, se enfocará en la restitución del Impuesto a las Ganancias, siempre que no se judicialice y se obtenga un fallo favorable frente a los sindicatos que buscan impugnar la norma. Además, se procederá a declarar la emergencia para otorgar facultades extraordinarias al presidente.
Fuentes de la Casa Rosada informaron que el grueso de las medidas de ambos paquetes estará en plena vigencia en aproximadamente dos meses. La administración libertaria busca manejar las expectativas en torno a la aplicación de estas normas desde el inicio de la gestión.
Los cambios que introduce la Ley Bases
Las leyes "fundacionales" de Milei introducen modificaciones significativas en diversas áreas, desde la recaudación de impuestos hasta las relaciones laborales, el empleo, las obras públicas y la capacidad de decisión del presidente.
La Ley Bases declara la emergencia pública en ámbitos administrativos, económicos, financieros y energéticos por un año. Se delegan facultades específicas al Poder Ejecutivo nacional según lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, con la obligación de informar mensualmente al Congreso sobre el ejercicio de estas facultades y los resultados obtenidos.
La nueva ley busca mejorar la eficiencia burocrática, eliminando la necesidad de presentar documentos ya entregados previamente en trámites como el del Certificado Único de Discapacidad. Asimismo, si la administración pública no responde a una solicitud en el plazo estipulado, se activará el "silencio administrativo", otorgándose lo solicitado automáticamente, con excepción de áreas sensibles como salud pública, medio ambiente y servicios públicos.
Los empleados de organismos estatales sujetos a reestructuración pueden ser puestos en disponibilidad por hasta un año, durante el cual recibirán capacitación o tareas en servicios tercerizados. Si no son reasignados dentro de este plazo, serán desvinculados con una indemnización calculada en base a su mejor salario mensual y antigüedad. Se excluye a los delegados sindicales con mandato vigente y a aquellos de licencia por enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio.
Además, se prohíben actividades electorales y partidistas durante el horario laboral. Los empleados que cumplan con los requisitos para jubilarse podrían ser instados a iniciar los trámites previsionales. El derecho a huelga se mantiene, pero los días de paro podrán ser descontados.
Se establece un período de prueba de seis meses para nuevos empleados, ampliable según el tamaño de la empresa. Participar en bloqueos o tomas de la empresa se considerará injuria laboral grave, justificada para el despido.
Se introduce un fondo de cese laboral financiado con aportes del empleador de hasta el 8% del salario, similar al sistema utilizado por la UOCRA, sujeto a acuerdos en los convenios colectivos de trabajo. Además, habrá indemnizaciones agravadas en casos de despido por discriminación.
Los trabajadores independientes o monotributistas podrán contratar hasta tres trabajadores independientes para desarrollar un emprendimiento productivo.
Las obras públicas financiadas por el Estado que superen los $10.000 millones serán canceladas, salvo aquellas con un avance de ejecución del 80% o más, o que cuenten con financiamiento internacional, lo que afectará infraestructuras como rutas, hospitales y escuelas.
Estas reformas introducen cambios profundos y están destinadas a reconfigurar significativamente la relación entre el Estado y los ciudadanos, así como a impactar en el funcionamiento de la economía y la administración pública en Argentina.
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