El presidente Mauricio Macri dejó ayer firmado el decreto que dispone el veto total a la ley que el PJ aprobó por 37 a 30 y que dispuso la anulación del aumento de tarifas de gas, luz y agua, con un impacto fiscal de $115.000 millones para 2018 y de 170.000 millones si incluye el ejercicio 2019.

Altas fuentes oficiales confirmaron a La Nación que el veto no tendría más que cinco renglones en sus fundamentos y dos artículos.

El Gobierno considera que esa ley violaría la Constitución, que dispone que las modificaciones tarifarias son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Congreso. "Más allá de que nos asiste la razón constitucional, el veto será un gesto político de contundencia y firmeza en la negociación con el FMI ", señalaron.

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El costo fiscal de una ley semejante complicaría las negociaciones del crédito stand-by con el FMI porque sembraría desconfianza acerca de la capacidad de Macri de reducir el déficit fiscal.

Además, estiman que las provincias del interior subsidiarían en $100.000 millones a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, que son las que hoy cobran a los usuarios las tarifas más subsidiadas y más económicas.

"Esta ley sigue beneficiando a la zona metropolitana y mantiene la desigualdad", dijo un hombre de confianza del Presidente. La Casa Rosada asegura que las subas de tarifas apuntan a recuperar el federalismo porque repartirían las cargas tarifarias en igualdad de condiciones entre las provincias y la zona metropolitana.

"El objetivo de la oposición es que Macri vete el proyecto para que pague el costo", señalan cerca de Macri. El Gobierno considera que, luego de la frustrada negociación, el peronismo demostró que no quería rebajar de 21 a 10,5% el IVA de las boletas de los usuarios porque implicaba un costo para las provincias. El impacto fiscal de esa propuesta era de $20.000 millones, parte de los cuales afectaban al interior.

Esa idea fue propuesta por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey . Y aunque tenía el visto bueno de Macri, fue rechazada por el jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto . "No querían tocar el IVA porque es dinero que dejan de percibir ellos", chicanearon en el Gobierno. Como consecuencia de este proceso y de la negociación fallida, en la Casa Rosada aseguran que se fortaleció la relación con Urtubey y con su hermano, el senador Rodolfo Urtubey, pero quedó resentida con Pichetto, histórico interlocutor de Macri.

Además de la rebaja del IVA, el Gobierno ofreció al PJ una vieja demanda de los gobernadores: negociar el traspaso de la Nación a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires de los subsidios a AySA (aguas), a Edenor y a Edesur (luz). "Fue nuestra última carta para que ellos obtuvieran algo, pero tampoco la aceptaron. Ahora el panorama de la relación con el peronismo quedará más complicado. Habrá que reconstruir la relación política", señalaron en Balcarce 50.

Para el caso en que se pusiera en vigor la ley del PJ, que retrotrae la suba de las tarifas, el Ministerio de Hacienda estimó el costo fiscal para 2018 en $34.643 millones para el gas, $74.936 para la electricidad y $5450 millones para el agua.

El costo total daba $115.029 millones. Eso equivale al presupuesto total del conjunto de los ministerios de Salud, Ciencia, Agroindustria, Producción, Ambiente, Cultura y Turismo. O a 2875 escuelas, 575 hospitales o 77.000 viviendas sociales. Es por ello que Macri resolverá el veto total y esos números le darían un soporte argumental.

Los argumentos del Gobierno

COSTO FISCAL

El primer argumento por el cual el Gobierno critica la iniciativa es el elevado costo fiscal que provocará, en medio de la serie de anuncios realizados por el gabinete económico en el último mes que apuntan a reducir el déficit. Semanas atrás, durante un acto en Bahía Blanca, el presidente Mauricio Macri aseguraba que “no se pueden proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas sin decir de dónde sale ese dinero, que no tenemos”.

De acuerdo a los datos que manejan en la Casa Rosada, el impacto sería de $170 mil millones en dos años. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo semanas atrás que dar marcha atrás con los últimos aumentos afectaría el ingreso del Estado en el orden de los 6.000 millones de dólares. “Representa un 1 por ciento del PBI”, aseguraba el funcionario.

INCONSTITUCIONALIDAD

La inconstitucionalidad de la ley es uno de los argumentos centrales para vetar la ley, ya que regular tarifas no es una atribución que le corresponda al Congreso, sino que es exclusiva del Poder Ejecutivo. Por eso es que en las últimas semanas se insistía en que el presidente vetaría la ley si es aprobada, con el consecuente costo político que implica.

La opción principal es la del veto total. Sin embargo, el Gobierno también tiene la opción de recurrir a la Justicia, ya que tanto la Constitución como la Corte Suprema indican que es el Ejecutivo el que tiene la atribución de regular las tarifas y no el Parlamento.

BENEFICIO PARCIAL

Para el Gobierno, el texto que se encamina a ser aprobado en el Senado este miércoles solo favorecería a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Al retrotraer los valores de las tarifas a fines del año pasado se le devolverían recursos a la Ciudad y el Conurbano. Días atrás, el Secretario de Interior, Sebastián García de Luca, aseguró que si se aprueba “se terminarán concentrando mayores recursos para la zona metropolitana”.

PRESUPUESTO

Otro de los argumentos es que retrotraer los valores de las taifas a fines de 2017 atentaría contra el presupuesto aprobado por el Congreso en diciembre pasado, donde se establece una reducción de los subsidios en los servicios públicos. En la hoja de ruta económica aprobada para este año, el Gobierno preveía ajustar los subsidios más de un 15 por ciento.

Otras metas del Presupuesto tampoco se concretaron: el Ejecutivo preveía una inflación del 10 % que fue modificada un día después de ser aprobado a la meta del 15 %, así como un dólar a $19,3, cuando esta semana alcanzó los $25,40.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Otro de los argumentos de rechazo del Gobierno es que los aumentos fueron definidos durante las audiencias públicas que se realizaron meses atrás, donde hubo expositores que defendieron y cuestionaron el incremento en las tarifas para los servicios de luz, agua y gas.

FUENTE: Big Bag News y La Nación

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