Se trata del primer presupuesto formal de la gestión de Javier Milei, luego de dos años de prórrogas del esquema de gastos e ingresos de 2023. El debate dejó expuestas tensiones con los aliados parlamentarios y marcó límites al avance del ajuste propuesto por el Ejecutivo.
La sesión comenzó con una polémica reglamentaria. El oficialismo impulsó que la votación en particular se realizara por títulos completos, una modalidad que agrupa varios artículos. La oposición interpretó esa maniobra como un intento de evitar que los aliados se desmarquen del artículo 75.
El reclamo para votar artículo por artículo fue encabezado por diputados de Provincias Unidas, que pidieron una votación nominal para dejar en claro las posiciones. Pese a las objeciones, la moción del oficialismo se aprobó con 130 votos a favor y 112 en contra.
Un respaldo amplio para la votación en general
Para aprobar el texto en general, el oficialismo reunió el apoyo de un amplio abanico de bloques. Acompañaron el PRO, sectores de la UCR, el MID, diputados peronistas no alineados y espacios provinciales con fuerte influencia de gobernadores. Entre ellos se contaron legisladores de Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y San Juan.
En la vereda opuesta se ubicaron Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda, que rechazaron el proyecto. Provincias Unidas se abstuvo, aunque tuvo un rol clave al inicio de la sesión para alcanzar el quórum, con la participación de referentes como Nicolás Massot y Miguel Pichetto, además de diputados cordobeses.
El conflicto por el artículo 75
El momento más tenso del debate se produjo durante la votación en particular. Allí, varios aliados del Gobierno se negaron a respaldar el artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Esa negativa partió de diputados de Catamarca, Tucumán, Salta, Neuquén y del bloque Provincias Unidas, donde tienen peso los gobernadores de Córdoba y Santa Fe.
La UCR mostró una posición fragmentada, con votos a favor, en contra y abstenciones. Esa división anticipó el desenlace adverso para el oficialismo.
Presupuesto con metas económicas ambiciosas
El plan de gastos e ingresos enviado por el Ejecutivo prevé un crecimiento del 5% del PBI para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio cercano a los $1.423 hacia diciembre del próximo año. También proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%.
Además, el Gobierno estima un aumento de las exportaciones del 10,6% y propone eliminar las metas de financiamiento mínimo en áreas como educación, ciencia y defensa. Desde la oposición cuestionaron esas proyecciones y advirtieron que algunos supuestos, como el valor del dólar, no se corresponden con la realidad actual.
Presupuesto 2026
Cruces discursivos en el recinto
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió el proyecto y sostuvo que la reducción del gasto público resulta necesaria para avanzar en una baja de impuestos. Señaló que el equilibrio fiscal no se opone a la contención social y afirmó que el Gobierno mantuvo esa línea aun sin presupuesto propio.
Desde el peronismo, Agustín Rossi cuestionó el rumbo económico y advirtió sobre ajuste, caída del consumo y deterioro del entramado industrial. En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó al presupuesto como injusto y poco realista.
Durante las semanas previas al debate, la Casa Rosada reforzó el diálogo con gobernadores aliados mediante el envío de Aportes del Tesoro Nacional. Tucumán, Misiones y Chaco recibieron fondos por un total de $66.000 millones. También ingresó en la negociación la posible reforma de la Ley de Glaciares, con impacto directo en provincias mineras.
En paralelo, el Gobierno se comprometió a incluir en el Presupuesto 2026 los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema. Ese punto destrabó el acompañamiento del PRO al dictamen de mayoría.
El rechazo del capítulo 11
Antes de la votación final, el oficialismo anunció cambios al texto para incorporar la coparticipación de CABA y un aumento de fondos para el Poder Judicial dentro del capítulo 11, junto con la derogación de las leyes de discapacidad y universidades. Esa decisión generó malestar incluso entre aliados.
El resultado fue contundente: 123 votos en contra, 117 a favor y dos abstenciones. El capítulo completo quedó rechazado, lo que implicó sostener las leyes vigentes y dejar sin efecto los artículos vinculados a coparticipación y financiamiento judicial.
Designaciones en la AGN y nuevo foco de tensión
Tras la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal, el oficialismo intentó avanzar con la designación de representantes de Diputados en la Auditoría General de la Nación. La moción provocó el retiro del recinto de bloques como el PRO, la UCR y Provincias Unidas, que denunciaron un acuerdo entre el Gobierno, el peronismo y gobernadores del norte.
La propuesta incluyó nombres de La Libertad Avanza, del peronismo y de un sector ligado a Innovación Federal, lo que abrió un nuevo frente de conflicto parlamentario.
