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SUSCRIBITEAdemás, el Ejecutivo puso en marcha el llamado para los que quieran participar en la segunda instancia del plan Progresar. Los detalles.
El Gobierno lanzó la convocatoria para la segunda edición del programa educativo.
La Secretaría de Educación de la Nación dio luz verde a una serie de modificaciones en el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) a través de la Resolución 838/2025, que incluye desde nuevos requisitos para acceder a las becas hasta la revisión de los criterios socioeconómicos para evaluar a los aspirantes.
El documento, firmado por el secretario de Educación Carlos Horacio Torrendell, establece nuevos lineamientos para que las instituciones privadas puedan incorporarse de forma excepcional al Progresar en la modalidad de “Finalización de la Educación Obligatoria”. Según el texto, esta medida responde a la realidad vigente y “hace necesario ampliar el monto asignado” en el artículo correspondiente a este aspecto.
Con esta reforma, la Secretaría estará facultada para permitir que instituciones privadas se sumen al programa siempre que “emitan títulos oficiales; brinden un servicio gratuito o de contribución voluntaria de hasta el monto anual equivalente a DOS (2) veces el salario mínimo vital y móvil por todo concepto —es decir que no lo supere dicha base—, o estén localizadas en una zona donde no exista oferta estatal para ese nivel o modalidad”.
Esta medida fue adoptada por la Secretaría, dependiente del Ministerio de Capital Humano, como una excepción destinada a garantizar la inclusión y continuidad de los estudiantes en el sistema educativo.
Además, la resolución actualiza los criterios para la evaluación socioeconómica en la modalidad “Progresar Trabajo”, destinada a quienes buscan adquirir habilidades laborales o formación profesional con el fin de facilitar su inserción laboral.
Según los cambios, solo se tomarán en cuenta “los ingresos del postulante que se registren en las bases de datos de dicho organismo, al momento de la inscripción”, excluyendo los ingresos del grupo familiar. Esta disposición está contemplada en el artículo segundo de la nueva normativa.
La evaluación de ingresos tomará en cuenta exclusivamente la suma de salarios registrados de empleados en relación de dependencia, ingresos de trabajadores autónomos y monotributistas, jubilaciones y pensiones, así como prestaciones tanto contributivas como no contributivas, excluyendo conceptos como horas extras, asignaciones familiares por maternidad, complementos por zonas desfavorables y aguinaldos.
En el mismo apartado se menciona una excepción para los estudiantes que sean beneficiarios de una pensión no contributiva por invalidez, otorgada conforme al artículo 9° de la Ley N° 13.478.
Estas disposiciones se suman al relanzamiento del programa y la apertura de inscripciones mediante la Resolución 1149/2025, emitida por el Ministerio encabezado por Sandra Pettovello.
Las fechas de inscripción varían según el programa al que el solicitante desee postularse. Para quienes quieran acceder a la modalidad “Finalización de la educación obligatoria”, el período de inscripción comenzará este lunes 4 de agosto y se extenderá hasta el 1 de septiembre. Por otro lado, quienes estén interesados en las líneas “Fomento de la educación superior” y “Progresar Enfermería” podrán inscribirse desde el 18 de agosto hasta el 5 de septiembre.
La reciente convocatoria se ajusta a la legislación vigente y a las modalidades establecidas en el reglamento general del programa, el cual contempla al menos dos períodos de inscripción al año para facilitar un mayor acceso y soporte tanto a jóvenes que desean finalizar la educación obligatoria como a quienes aspiran a formarse profesionalmente en niveles superiores o en carreras vinculadas al sector salud.
El objetivo principal es expandir la cobertura del programa, incentivando la continuidad y culminación de estudios en los niveles obligatorio y terciario, así como la capacitación en enfermería, considerada una de las áreas clave en educación y salud.
El pasado 9 de abril se abrió esta iniciativa, especialmente destinada a personas en condiciones de vulnerabilidad económica, con un beneficio mensual que desde entonces asciende a $35.000.
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