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SUSCRIBITELa Fiscalía solicitó penas de entre 4 y 12 años de prisión para seis acusados por la muerte de Diego Maradona y retiró los cargos contra otro médico.
Juicio por la muerte de Diego Maradona
En una jornada clave del juicio por la muerte de Diego Maradona, la Fiscalía solicitó este jueves 8 de octubre penas de prisión para seis de los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su atención durante sus últimos días de vida. El pedido más elevado fue para el neurocirujano Leopoldo Luque, con 12 años de cárcel, mientras que para la psiquiatra Agustina Cosachov se solicitaron 8 años.
Durante los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, el fiscal Patricio Ferrari también pidió 10 años de prisión para Nancy Forlini, 5 para Carlos Díaz y 4 para Mariano Perroni y Ricardo Almirón. Además, solicitó la inhabilitación profesional de todos ellos.
Sin embargo, la acusación aclaró que no pedirá la detención inmediata de los imputados, debido a que considera que no existe riesgo de fuga.
Durante su exposición, Ferrari detalló las condenas solicitadas para cada uno de los acusados:
La Fiscalía sostuvo que Luque, Forlini y Cosachov actuaron con conocimiento de los riesgos que atravesaba el paciente y no adoptaron las medidas necesarias para evitarlos.
En ese sentido, Ferrari afirmó que los tres habrían cometido el delito de homicidio con dolo eventual, al considerar que previeron el riesgo y lo aceptaron con indiferencia.
En cambio, para Díaz, Perroni y Almirón, el Ministerio Público Fiscal consideró que durante el debate no se logró acreditar esa indiferencia, aunque sí conductas negligentes que, según la acusación, constituyen homicidio culposo.
Uno de los momentos centrales del alegato estuvo dedicado a Leopoldo Luque y Nancy Forlini, a quienes la acusación identificó como los principales responsables de las condiciones en las que Maradona recibió atención médica.
Sobre Luque, el fiscal sostuvo que no solicitó los estudios pertinentes, no mantuvo actualizada la historia clínica y tampoco gestionó una internación en un centro especializado, pese a las recomendaciones que había recibido.
Además, cuestionó que el neurocirujano autorizara el traslado del exfutbolista a una vivienda que no contaba con el equipamiento necesario para atender su delicado estado de salud.
Entre las principales acusaciones, Ferrari mencionó que Luque habría ignorado signos de insuficiencia cardíaca, incluso cuando personas del entorno le advertían sobre la hinchazón que presentaba Maradona.
En relación con Nancy Forlini, coordinadora de la atención médica domiciliaria, el fiscal sostuvo que no verificó las condiciones de la vivienda, no confeccionó adecuadamente la documentación clínica y tampoco garantizó una comunicación efectiva entre los profesionales responsables del paciente.
Según la acusación, estas decisiones contribuyeron a una atención médica desorganizada durante los últimos días de vida de Maradona.
La Fiscalía también apuntó contra la psiquiatra Agustina Cosachov, a quien responsabilizó por no haber gestionado una internación especializada y por presuntas deficiencias en el control de la administración de psicofármacos.
Ferrari sostuvo que Cosachov tampoco habría advertido adecuadamente los síntomas de insuficiencia cardíaca que presentaba el exfutbolista.
En cuanto al psicólogo Carlos Díaz, el fiscal señaló que no impulsó una rehabilitación en un establecimiento especializado, intervino en decisiones que excedían sus competencias profesionales y avaló el retiro de acompañantes terapéuticos.
También afirmó que el profesional habría ocultado al entorno familiar información sobre el verdadero estado de salud de Maradona y restringido las visitas de sus familiares.
Respecto de Mariano Perroni, coordinador de enfermería, la Fiscalía cuestionó la falta de supervisión del personal, las deficiencias en la transmisión de información clínica y su presunta participación en la falsificación de planillas.
Por último, sobre Ricardo Almirón, señaló que no habría advertido signos evidentes de insuficiencia cardíaca ni realizado controles vitales fundamentales durante la jornada del 25 de noviembre de 2020, cuando murió Maradona.
Otra de las decisiones relevantes de la jornada fue el retiro de la acusación contra el médico clínico Pedro Di Spagna.
Ferrari explicó que, tras analizar las pruebas presentadas durante el debate, el Ministerio Público Fiscal concluyó que el profesional no tenía responsabilidad penal en la muerte de Maradona.
Según argumentó, Di Spagna cumplía funciones como médico interconsultor y no tenía capacidad de decisión sobre el tratamiento general del paciente.
La Fiscalía consideró que sus intervenciones no incrementaron el riesgo para la salud del exfutbolista y, por ese motivo, solicitó su absolución.
No pedirán la detención de los acusados, pero sí mayores restricciones
A pesar de las penas solicitadas, Ferrari adelantó que la Fiscalía no reclamará que los imputados sean detenidos en esta instancia.
El argumento principal es que todos permanecieron a disposición de la Justicia durante el proceso y, según el fiscal, no existen elementos que permitan presumir un riesgo de fuga.
No obstante, solicitó que se mantenga la prohibición de salida del país y que, en caso de un veredicto condenatorio, los acusados deban entregar formalmente sus pasaportes.
También pidió que las restricciones sean comunicadas a los organismos correspondientes, con especial atención a los países limítrofes, donde es posible ingresar utilizando el DNI.
Además, propuso que los imputados deban presentarse mensualmente ante la Justicia y que no puedan ausentarse de sus domicilios por períodos superiores a 24 horas sin autorización.
El juicio se desarrolla en los tribunales de San Isidro y busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria en Tigre.
El debate actual comenzó el 14 de abril de 2026, luego de que el primer juicio fuera declarado nulo en 2025 por el escándalo relacionado con la participación de una de las juezas en la grabación de un documental.
Las penas solicitadas todavía no constituyen condenas. La decisión final sobre la responsabilidad de cada acusado y las eventuales sanciones corresponderá al tribunal, una vez concluida la etapa de alegatos.
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