Este miércoles, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio un paso más hacia la desregulación del comercio exterior en Argentina, al eliminar importantes disposiciones aduaneras que, según el gobierno de Javier Milei, buscan mejorar la competitividad de las empresas importadoras.
Mediante la Resolución General 5582/2024, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Florencia Misrahi, titular de la AFIP, se derogaron normativas clave que afectaban a los importadores desde hace años. Entre las principales novedades está la eliminación de los valores mínimos para las importaciones y exportaciones, así como la eliminación del sistema de estampillado que identificaba ciertos productos importados.
La regulación de la AFIP
La medida deroga la Resolución General 2730/2009, que establecía precios mínimos que los importadores debían respetar, lo que implicaba que si un bien traído al país excedía el valor establecido por la Dirección General de Aduanas, el importador caía en el denominado "canal rojo valor". Esto obligaba a las empresas a garantizar la diferencia con un costo adicional que, según fuentes oficiales, representaba un encarecimiento del 1% en las operaciones.
Además, el sistema de estampillado, que había sido implementado en 1987 y aplicaba a ciertos bienes importados, también fue eliminado. Esta etiqueta, reconocida por su característico color verde, solo tenía una función identificatoria y de certificación de que los productos habían cumplido con las obligaciones aduaneras correspondientes. Ahora, las empresas ya no deberán cumplir con esta formalidad.
Florencia Misrahi, en la presentación oficial de estas medidas, sostuvo: "Estas disposiciones no aportaban ni al control ni a la recaudación. Venimos de un sistema pesado que ha frenado la actividad. Con esta desregulación, buscamos aligerar la carga de los importadores y mejorar la eficiencia".
La medida fue impulsada como parte de la agenda de reformas liderada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien desde su gestión busca reducir el rol del Estado en el control de las actividades comerciales y simplificar los trámites burocráticos.
Con la eliminación de estas regulaciones, el Gobierno espera que las empresas del sector importador puedan mejorar sus márgenes de rentabilidad y optimizar su participación en el mercado.
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