El tribunal de Nueva York que lleva adelante el juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF rechazó este jueves el principal reclamo del fondo Burford y habilitó la discusión sobre la "conveniencia" de que la causa se desarrolle en otra jurisdicción. El argumento central del Gobierno es que el ingreso del Grupo Petersen a la petrolera fue "fraudulento" y que, como la ley aplicable para juicios entre accionistas es la argentina por ser la sede en que se encuentra radicada la compañía, la justicia neoyorquina no sería la más idónea para decidir sobre la cuestión.
Este jueves, en el juzgado del circuito sur de Nueva York que encabeza Loretta Preska, se cruzaron por un lado los abogados de Burford, que reclama una compensación millonaria por la nacionalización de YPF que realizó la administración de Cristina Kirchner y, por otro, el equipo de letrados del estudio Skadden que defienden al Estado nacional.
Fue la primera audiencia luego de que la Corte Suprema estadounidense rechazara el pedido argentino de mudar el juicio a Buenos Aires bajo el argumento de que se trató de una decisión soberana argentina. Finalmente se impuso el criterio que buscaba Burford y la justicia de ese país consideró que la expropiación se trató de una determinación "comercial".
En esta segunda etapa del juicio, entonces, las cartas que llevó Argentina al tribunal fueron dos. Por un lado, instalar el debate ante la jueza de lo que en la jerga del derecho se conoce como forum non conveniens. Es decir, si el juzgado en el que tramita esa causa resulta el más "indicado". Y en segundo lugar, el Estado planteó un recurso de discovery, que en la ley norteamericana implica una serie de medidas de prueba para que las partes de un conflicto puedan obtener información sobre su adversario.
En este sentido, el Gobierno busca demostrar ante la justicia de los Estados Unidos que el ingreso de la empresa Petersen a la petrolera, a partir de 2008, mediante la compra del 25% del paquete accionario, fue un acto de "legalidad nula" porque se originó en un "procedimiento fraudulento". La Argentina busca entonces demostrar que "Petersen, empresa ficticia española formada y controlada por ciudadanos argentinos, entró en un conjunto muy dudoso de acuerdos evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF", explicó un documento presentado por los abogados que representan al país.
Las dos empresas Petersen adquirieron en 2008 a Repsol 15% de las acciones de la compañía y 10% adicional en 2011, por u$s3500 millones, pero "sin desembolsar un centavo", ya que se le permitía "hacer uso de los futuros dividendos de YPF para comprar sus propias acciones", consta en ese escrito.
A diferencia del planteo argentino anterior, este no busca disputar la "jurisdicción" del juicio -tema sobre el que el máximo tribunal de los Estados Unidos ya decidió-, sino sobre "la conveniencia" de continuar en esa ciudad el juicio considerando que la ley que rige para un caso como el actual es la argentina.
"En cualquier tribunal competente, sea Nueva York o Argentina, la ley aplicable es la argentina. Y tanto la ley de sociedades, como las normas del mercado de capitales y otras disposiciones establecen que en caso de juicios entre accionistas la jurisdicción es aquella en que se encuentra radicada la compañía. YPF, en este caso, está registrada en la Ciudad de Buenos Aires", explicó una alta fuente oficial que siguió de cerca la audiencia en el tribunal neoyorquino.
Y además, argumentan, existen otros motivos por los que la ley argentina es la más indicada para continuar el juicio. "Todas las partes del litigio son argentinas. Incluso Petersen, que es española, tiene atrás a Eskenazi, que son argentinos", completó la fuente.
Fuente: TN
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