La fiscal Alejandra Mangano imputó a Valentín Díaz Gilligan, que dejó su cargo en el Gobierno de Mauricio Macri hace una semana. La funcionaria judicial pidió que se lo investigue por lavado de dinero y solicitó al juez Claudio Bonadio que requiera a la Oficina Anticorrupción (OA) las Declaraciones Juradas del ex subsecretario General de la Presidencia.

Díaz Gilligan presentó su renuncia hace una semana después de que se desatara un escándalo por una cuenta no declarada en la Banca D'Andorra con 1.200.000 dólares. El caso lo reveló el diario español El País, ente quien el exfuncionario de Cambiemos, segundo de Fernando de Andreis, admitió haber abierto la cuenta, aunque luego lo negó en los medios argentinos.

La denuncia contra Díaz Gilligan había sido presentada hace una semana por el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade. El diputado kirchnerista también había solicitado que se investigue a Díaz Gilligan por supuesta "omisión maliciosa" por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos.

"Díaz Gilligan, mínimamente, habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad", sostuvo Tailhade en la denuncia.

"No podemos soslayar que en su 'defensa' el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra", remarcó Tailhlade

"Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave. La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político", dijo.

El delito de lavado de dinero tiene una pena de tres a diez años de prisión y prevé una multa de dos a diez veces del monto de la operación.

Detalles de la cuenta no declarada

Díaz Gilligan abrió personalmente la cuenta en 2012 cuando trabajaba para el Gobierno porteño, que en ese momento encabezaba Macri, según reveló El País. La creó a nombre de una firma británica dedicada a negociar pases de futbolistas: Line Action.

En 2014, cuando Díaz Gilligan fue designado director general de Promoción Turística, dejó esa actividad. En ese sentido, Díaz Gilligan reiteró en varias oportunidades que "todo eso fue una actividad privada, por lo que no hubo defraudación de fondos públicos".

FUENTE: TN
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