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SUSCRIBITELos puntos claves del proyecto de Ley Penal Juvenil que el presidente Javier Milei envió al Congreso para tratarse en sesiones extraordinarias.
El proyecto de Ley Penal Juvenil propone reducir la edad de imputabilidad y crear un nuevo régimen penal para adolescentes, con sanciones diferenciadas, medidas educativas y un sistema específico de detención y reinserción social.
Ley Penal Juvenil: El debate por la edad de imputabilidad forma parte de la conversación pública.
El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y reemplazar la actual Ley 22.278, vigente desde 1980. La iniciativa será debatida en sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero y se presenta como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del oficialismo para 2026.
Actualmente, la normativa establece que no son punibles los menores de 16 años y que tampoco lo son los menores de 18 en casos de delitos leves, de acción privada o con penas que no superen los dos años de prisión. Desde el Ejecutivo consideran que este régimen quedó desactualizado frente a los estándares constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos incorporados por la Argentina.
El proyecto impulsa la creación de un nuevo régimen penal juvenil aplicable a adolescentes de entre 13 y 18 años. Según la fundamentación oficial, el objetivo es establecer un sistema que combine sanción penal, control judicial, dispositivos educativos y mecanismos de reinserción social, bajo un esquema específico y diferenciado para menores de edad.
El eje central de la iniciativa es la baja de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que el sistema actual genera situaciones de impunidad y que la legislación argentina quedó desfasada respecto de otros países de la región, como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú, donde rigen edades más bajas de responsabilidad penal juvenil. En ese marco, aseguran que la reforma busca dar una respuesta institucional a delitos graves cometidos por adolescentes y contribuir a la reducción de la criminalidad juvenil.
El eje del proyecto está puesto en la baja de la edad de imputabilidad y en la creación de un régimen penal diferenciado, que combine sanción, dispositivos educativos, control judicial y mecanismos de reinserción social bajo un esquema específico para menores de edad.
Entre los puntos destacados, el proyecto prohíbe expresamente que los menores sean detenidos junto a adultos y establece que toda privación de la libertad deberá cumplirse en institutos especializados o en espacios separados dentro del sistema penitenciario, con personal capacitado y un enfoque educativo y formativo.
Además, la iniciativa excluye la prisión perpetua para adolescentes y fija un límite máximo de 20 años de privación de la libertad. También habilita la posibilidad de sustituir parcialmente la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, mediante esquemas alternativos supervisados judicialmente y sujetos a evaluaciones técnicas.
Con la inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias, el oficialismo busca instalar el debate sobre el rol del sistema penal frente a la adolescencia y el equilibrio entre seguridad pública, derechos y resocialización. La discusión anticipa una fuerte disputa política y social en torno al modelo de política criminal que debe adoptar el Estado en un contexto de alta conflictividad.
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