La reforma previsional fue uno de los temas más importantes del nuevo pacto fiscalque firmaron todas las provincias, salvo San Luis, con el gobierno nacional.

El acuerdo establece que a partir de la aprobación de la nueva ley, las jubilaciones se actualizarán trimestralmente y por inflación, tal como preveía el proyecto original de la Casa Rosada, pero "garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación", según consta en el documento firmado por los gobernadores.

Actualmente, las jubilaciones se actualizan a partir de una ecuación que combina la evolución de los salarios y el incremento de la recaudación. Este sistema, que rige desde 2009, aplica un aumento automático en marzo y otro en septiembre.

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El pacto prevé además garantizar haberes equivalentes al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil para quienes hayan cumplido 30 años de servicios con aportes efectivos. El beneficio alcanzaría sólo a quienes cobran la jubilación mínima.

Por último, el tercer punto del apartado dedicado a la reforma previsional, establece que se "impulsará la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio".

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El pacto fiscal incluyó además aspectos impositivos y legislativos. Las provincias aplicarán una ley de responsabilidad fiscal en los municipios y acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles coincidan en el tiempo con las valuaciones de mercado.

Sobre los impuestos distorsivos, los distritos bajarán Ingresos Brutos y Sellos por el 1,5% del PBI en los próximos 5 años y se derogará el artículo 104 de la ley de Ganancias. También, adherirán al proyecto de una nueva ley de responsabilidad fiscal y mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años.

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La provincia de Buenos Aires recibirá 40 millones en 2018 y 65 millones en 2019 del Fondo del Conurbano. Todas las provincias menos San Luis desistirán de los juicios contra el Gobierno Nacional y lo que se recaude del impuesto al cheque se destinará a la ANSES.

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