Este martes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó que la Justicia debería expulsar del país a los extranjeros que no tienen residencia y que cometan delitos.
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SUSCRIBITE"El extranjero que no tienen domicilio permanente en la Argentina y viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado", dijo Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad
Este martes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó que la Justicia debería expulsar del país a los extranjeros que no tienen residencia y que cometan delitos.
Asimismo, la funcionaria apuntó contra la provincia de Buenos Aires por la trágica toma de terrenos en La Matanza que dejó 5 muertos durante un enfrentamiento.
“En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, afirmó la Ministra de Seguridad.
Seguido, Patricia Bullrich reforzó su idea: “El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”.
En los últimos días, desde la Ciudad de Buenos Aires salieron a reclamar que se acelere la expulsión de delincuentes extranjeros y que, para eso, se reponga un decreto firmado en 2017, en el Gobierno de Mauricio Macri, cuando Bullrich también estaba al frente de la cartera de Seguridad.
Primero fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y luego su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, quienes pidieron expulsar a los delincuentes extranjeros.
En enero de 2017, Mauricio Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021, argumentando que "el DNU de Macri había modificado aspectos sustanciales de la Ley de Migraciones que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".
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