El fiscal Álvaro Garganta pidió que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires vaya a juicio por diversas irregularidades y negociados durante su gestión. Además del ex candidato a presidente también están acusados su ex ministro de Salud Alejandro Collia, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, y el empresario Ricardo Miller. La decisión de elevar a juicio la causa queda en manos de la jueza de Garantías, Marcela Garmendia.

La actual legisladora Elisa Carrio fue quien había denunciado las irregularidades. El primer caso involucra la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli. Según la investigación, muchas de las empresas convocadas para concursar no estaban inscriptas en el Registro de Proveedor o directamente se dedicaban a otro rubro, y favorecerlas por la relación personal y comercial que el gobernador mantenía con su presidente y por las dádivas que el primer mandatario recibía.

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Scioli declaró no haber recibido "nunca dádivas de ninguna persona" y sostuvo que "todas las contrataciones" durante su gestión fueron realizadas "en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad".

Según el fiscal funcionarios de la administración que lideraba Scioli fueron presionados para adjudicar obras públicas a la empresa Miller Building S.A. El empresario que le alquilaba a Scioli un terreno de 41.000 m2, que terminó comprando en USD 3.850.000. La Justicia comprobó que ese lugar no se usaba

A Scioli y Collia se les imputa en calidad de instigador los delitos de tráfico de influencias pasivo y en calidad de autor del tráfico de influencias pasivo. El requerimiento de Garganta incluye cinco causas desdobladas (de un total de ocho) donde también figuran los negociados en Aguas de Buenos Aires y en IOMA.

En el caso de ABSA, la Justicia comprobó que el entonces presidente de la entidad, Guillermo Scarcella, direccionó la contratación del servicio de "Alquiler de camiones desobstructores", y "Alquiler de camiones cisterna", lo que significó un total de 22 contrataciones irregulares por un valor de $62.716.000. La empresa beneficiada era D.A.S.A., cuyo titular mantenía un vinculo comercial y personal con Scarcella.

El petitorio incluye además de Scioli, Pérez y Collia a Ricardo Estanislao Miller, Gerardo Daniel Pérez, Ana Beatriz Ptriolo, Matías Alcalde, Guillermo René Scarcella, Pablo Damián Elias, Antonio Atilio La Scaleia, Roberto Jorge Passo, Humberto Jorge Pumo, Patricia Viviana Nisembaum, Luis Ángel Pérez, Jorge Héctor Giordano, Gustavo Fernando Seva, Daniel Osvaldo Burgos, Alejandro Víctor Fernández, Nicolás Vitale, Romero Seguel Pelayo Aner, María Cecilia Passo, María Soledad Cascallares, Sandra Sabbattini, María Celeste Celle, José Rodríguez, Bernardo Rodríguez, Diego Osvaldo Giovanetti, Gustavo Fernando Baldachis, Ricardo Adrián Bianchimano, Walter Edgardo Cardone, Sandra Alicia Mamberti, Mónica Cecilia Ripamonti, Cayo A. Ortiz Almada, Alejandro Omar Moretti, Eduardo Ricardo Aparicio, Daniel Osvaldo Roberto, Julio Néstor Cesar Balbi Rodrigo Alfredo Dossetti, Gladus Pérez Ferrando, Gabriel Pérez de Vargas, César Marcos, Paula Kammeraht, Carolina de Tomassi, Daniel Soncini, Juan Carlos Mancinelli, Marcelo Cristian Beneyte y Pablo Adrián Fontanari.

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