Las empresas que se nieguen a suscribir los convenios de tarifas requeridos por el Gobierno, al menos hasta el 31 de octubre, quedarán excluidas de participar en el programa Ahora 12. Esta determinación ha sido adoptada por la Secretaría de Comercio, que ha comunicado que un conjunto de compañías relacionadas con la moda, el calzado y, además, los electrodomésticos, no podrán acceder a esta facilidad para comercializar sus productos.
Esta medida, sin precedentes en este caso, ha sido implementada por la secretaría a cargo de Matías Tombolini con el propósito de ejercer presión en todos los ámbitos posibles para persuadir a las empresas. Tradicionalmente, en situaciones de congelamiento de precios o establecimiento de una senda de tarifas, se solía otorgar a las empresas la autorización para acceder a divisas destinadas a la importación de insumos como un incentivo. Sin embargo, dado que son muy escasas las compañías que tienen acceso a divisas oficiales, este estímulo ha perdido su eficacia, lo que ha llevado a la implementación de medidas más enérgicas.
En tiempos de significativa disminución de los ingresos, la opción de adquirir productos en plazos de 6 o 12 meses se convierte en un factor fundamental para impulsar las ventas, especialmente en sectores como la moda. Por lo tanto, privarse del acceso a las ventajas ofrecidas por el programa Ahora 12 puede tener un impacto considerable en los ingresos de una marca o una cadena de tiendas en particular.
El Gobierno ha emprendido conversaciones con cadenas de supermercados y empresas de alimentos con el propósito de limitar los incrementos de precios a un máximo del 5% por mes, al menos hasta que se celebren las elecciones. No obstante, muchas compañías se han rehusado a suscribir dicho acuerdo, dado que esto implicaría vender productos a un precio inferior al costo de producción, en vista del significativo aumento en los costos de los insumos.
En lo que respecta a las compañías dedicadas a la fabricación de aparatos electrodomésticos, se han convenido aumentos que alcanzan el 25% hasta el final del mes de octubre, una cifra similar a la acordada para los vehículos de dos ruedas, las motocicletas. En lo que respecta a las empresas automotrices, se ha alcanzado un pacto que establece el congelamiento de los precios de un modelo de automóvil económico por cada marca, como contrapartida para desbloquear las importaciones.
“Al día de la fecha, se hace saber que las siguientes empresas no han suscripto el convenio de Precios Justos, motivo por el cual los bienes provistos por ellas no podrán ser alcanzados por el financiamiento previsto en el programa Ahora 12″, señala textualmente la nota de la secretaría de Comercio a la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc).
La razón subyacente a esta determinación, que ha generado una gran controversia, especialmente en la industria de la moda, es que el Gobierno deje de financiar las compras a plazos cuando estas benefician a empresas que no cooperan en la contención de los precios. El ministro y candidato presidencial Sergio Massa tiene como objetivo prolongar al máximo los congelamientos de precios y la gestión de tarifas con el fin de mejorar sus posibilidades en las elecciones presidenciales.
Se presta especial atención al próximo índice de inflación correspondiente al mes de septiembre, después de la aceleración registrada en agosto, que podría alcanzar niveles récord del 11% al 12%. Por lo tanto, la intención es reducir la inflación para que el indicador del INDEC vuelva a mostrar cifras de un solo dígito este mes. La fecha de publicación de este dato será el 12 de octubre, tan solo diez días antes de las elecciones presidenciales.
No obstante, surgen obstáculos en el empeño por disminuir la inflación, dado que los gastos de las compañías experimentaron un marcado incremento tras la devaluación de agosto. A ello se suman los acuerdos salariales y la asignación fija otorgada por el Gobierno mediante decreto. Esta coyuntura conduce a que muchas empresas se encuentren en la necesidad de comercializar sus productos sin obtener ganancias o incluso a pérdida, lo que justifica la reticencia por parte de los directivos a suscribir los pactos relativos a los precios.
En los días recientes, se han alcanzado compromisos para mantener invariables los costos de los carburantes, las empresas de atención médica prepagada, los fármacos, las tarifas de los autobuses y trenes, y posiblemente también las tarifas de electricidad y gas, a pesar de las declaraciones previas que iban en dirección opuesta a las comprometidas con el Fondo Monetario Internacional.
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