Salta en caos por la movilización de organizaciones piqueteras y sociales, que realizan cortes y ollas populares en el microcentro de la capital.
Salta colapsada por los cortes de varias organizaciones
Durante la mañana, se realizó la marcha que incluyó a los principales dirigentes provinciales y nacionales como Eduardo Belliboni, quienes reclaman por la derogación de la ley antiprotestas recientemente sancionada, y por mejoras salariales para docentes y personal de salud.
Los cortes abarcan el centro capitalino, que demora el paso vehicular tanto de los autos particulares como el transporte urbano y de larga distancia. También en la Plaza de 9 de julio los manifestantes acampan para visibilizar el malestar.
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El sábado la asamblea provincial de docentes autoconvocados votó la continuación del paro, que ya lleva varios días, buscando un aumento de sueldo y el desprocesamiento de los 19 docentes que fueron detenidos el 25 de mayo.
A la movilización y reclamo de los trabajadores de la educación, se sumaron trabajadores de la salud, que también vienen de realizar jornadas de protesta por aumentos salarios, y trabajadores de ordenanzas.
La manifestación generó un gran malestar en la gente que no puede ingresar al centro de la ciudad vecina, y se suma al caos vehicular que impide, por ejemplo, la llegada de las unidades del transporte de pasajeros que arriban desde varios puntos del norte y del interior de esa provincia, y en el mejor de los casos la notable demora.
La nueva Ley
El Senado de Salta sancionó una ley el pasado 1 de junio con el objetivo de regular las protestas sociales, cortes de calles y rutas. El proyecto, que ya contaba con media sanción en la Cámara de Diputados, fue aprobado con una ajustada votación de 11 votos a favor y 10 en contra, y ahora se encuentra a la espera de la promulgación por parte del Ejecutivo.
El artículo 1º de esta propuesta establece un marco para conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y peticionar ante las autoridades, junto con la libre circulación y la preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada durante las protestas o manifestaciones públicas, sin importar su naturaleza.
La ley fue impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz del Frente Renovador, y establece que cualquier persona que desee realizar una movilización deberá notificar a la comisaría más cercana con al menos 24 horas de anticipación, detallando el tiempo de la protesta y los responsables. Además, prohíbe completamente cualquier corte de acceso o vía de comunicación.
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