El marcado descenso de la población carcelaria en los establecimientos federales de todo el país se debió a las medidas de prevención por COVID-19 que tomó la Justicia. Más de dos mil presos salieron de las cárceles federales desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo pasado. Algunos de ellos salieron para seguir detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Pero las cifras confirman que ahora sobran plazas en las unidades penitenciarias. Los datos surgen de los informes oficiales de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público y de la Procuración Penitenciaria Federal.

El reciente informe semestral de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), con datos del Servicio Penitenciario Federal, da cuenta que la primera mitad de 2020 culminó con 11.786 personas privadas de su libertad en los establecimientos federales de las diferentes jurisdicciones nacionales. Significa una disminución del 16%, un total de 2.230 liberados, con respecto a diciembre pasado.

Güemes no es la excepción ya que la población se redujo un 17%. La Unidad Penitenciaria III de General Güemes, la principal cárcel federal del NOA, hasta el final de junio había alojadas 539 personas privadas de su libertad y se liberó a 109 personas, lo que implica una reducción del 17% de los presos. Sin embargo, en Güemes y según detalla el documento de la PROCUVIN, el exceso entre el espacio disponible y la cantidad de presos es del 16%. Es decir que existen 74 reclusos más por encima de la capacidad de la cárcel.

La política de reducir la población carcelaria fue tomada por la Justicia Federal luego de una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se pedía cuidar la salud de los presos frente al hacinamiento de las cárceles y así tratar de evitar la propagación de la COVID-19 dentro de los penales.

La Cámara Federal de Casación emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales del país que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos (como hurtos); para las que estén próximas a cumplir su pena; a condenados a menos de 3 años de prisión; personas habilitadas a acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional; mujeres embarazadas y quienes estén en grupos de riesgo.

Sobre delitos graves como homicidios o delitos sexuales, la Cámara de Casación ordenó evaluar "con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo" la aplicación de las recomendaciones, aunque las noticias de medios nacionales alertaron sobre llamativos excesos de jueces a esa facultad.

Para tener un panorama de los criterios adoptados por los magistrados, sirve un informe de la Procuración Penitenciaria donde se detalla que desde la declaración de la emergencia sanitaria hasta mediados de abril egresaron 688 personas de las cárceles federales, de las cuales el 45% se fueron bajo arrestos domiciliarios, a un 25% se le otorgó directamente la libertad y a otro 12% se le agotó la pena.

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