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SUSCRIBITE Diputados buscan la integración socio-urbana de Barrios Populares.
Este miércoles, la Cámara de Diputados ha aprobado por amplia mayoría y giró al Senado, en una sesión especial, el proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares, sancionada en 2018, y que extiende por una década la vigencia de la suspensión de los desalojos.
El plenario legislativo aprobó la iniciativa por 227 votos los cuales se obtuvieron por parte del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos votos negativos de Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad. Tres abstenciones pertenecieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio).
El proyecto sancionado integra un paquete de iniciativas acordadas que incluye un dictamen acerca de tecnología y la expropiación del edificio donde ha funcionado el local bailable Cromañon, en el que en 2004 tuvo lugar una tragedia en la que fallecieron 194 personas.
La sesión especial -que contó con la presidencia de la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau- comenzó a la una de la tarde y en la primera parte se aprobó la renuncia de Victoria Tolosa Paz, quien este jueves será presentada como ministra de Desarrollo Social, y se tomó juramento a la dirigente massista Micaela Morán, quien se encontrará en su rol hasta diciembre de 2025.
También se hizo un lugar en Diputados para recordar a los exlegisladores que han muerto en las últimas semanas: el socialista Héctor Polino y el correntino del Frente de Todos Fabián Ríos. A su vez, se rindieron homenajes por el Día de la Diversidad Cultural.
Respecto a los barrios populares, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional aconseja extender el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y acelerar los procesos administrativos.
Por medio del proyecto también se intenta fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
El proyecto de ley tiene como fin actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).
A su vez, la iniciativa tiene lugar para declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos y sumar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
Al inaugurar el debate, el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy (FdT), aseguró que este proyecto "es una política pública que se desarrolla a largo plazo y tiende a brindar las soluciones que propone la normativa", que son mejorar las "condiciones dignas y de calidad para los sectores populares".
"La modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687, prorrogar la suspensión de los desalojos por el plazo de 10 años, declarar la emergencia socio-sanitaria y ambiental por 2 años e incorporar la perspectiva de género", añadió.
Casi llegando al final del debate, la diputada del FdT-Patria Grande Natalia Zaracho dijo que como intergante de un barrio popular en Villa Fiorito esta ley "fue muy importante" para tener en claro "cuantos barrios había" y por qué se "logró suspender los desalojos".
En sus palabras, la diputada mostró su certificado de vivienda, del cual dijo que "es muy importante este papel que dice donde viven mis hijos y yo". Y sostuvo que la ley "es un compromiso" que se logró asumir entre todas las fuerzas políticas.
"Las obras llegaron a los barrios y ahora la gente vuelve a creer en la política. No estamos discutiendo una ley, sino una política pública que garantiza derechos", detalló.
El radical Fabio Quetglas decidió defender en la sesión la ley que en un principio fue aprobada en el Gobierno de Juntos por el Cambio, al asegurar que "si queremos un país de ciudadanos y ciudadanas con derechos y obligaciones" se necesita "pensar, desplegar y ensayar modelos de integración socio-urbanas".
Al expresarse como integrante informante por JxC, Quetglas afirmó que la creación del Registro de Barrios Populares "tiene una importancia crucial en la historia urbana territorial de la Argentina porque, por primera vez a través de ese instrumento", el Estado argentino "ha tomado la decisión de conocer con exactitud cuántos metros cuadrados hay, cuántos conectados y en qué circunstancias están".
Por su lado, uno de los principales impulsores, el diputado del FdT-Patria Grande Federico Fagioli manifestó que "esta política surgió del pueblo y de compañeros que salieron a exigir sus derechos. La integración socio-urbana es discutir y pensar cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio, por eso se necesita una planificación a largo plazo".
El diputado de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo dijo que "estamos frente a un problema transversal, no es problema solo de los grandes centros urbanos. Es importante que continúe esta política para que los vecinos de los barrios populares puedan acceder a una vivienda con todos los servicios".
Desde el PRO, Silvia Lospenato resaltó que esta iniciativa se aprobó en el Gobierno de JxC e indicó que "la política tiene que hacerse cargo de haber fallado, durante muchas décadas, en darles una oportunidad a quienes les tocó habitar estos barrios populares. Esta es una verdadera política progresista y empareja la capacidad de las personas".
El legislador de Córdoba Federal Carlos Gutiérrez aseguró que "cuando tenemos ante nosotros políticas de Estado, como esta, debemos reivindicarlas porque se muestran cuando hay continuidad, sin importar el gobierno que la proponga; y más aún cuando son necesarias para resolver los problemas urgentes".
Desde la izquierda, el diputado jujeño Alejandro Vilca dijo que "la situación de los barrios precarios es algo que se genera por la política de los gobiernos; por la pobreza que genera este sistema. Hay una paradoja: la tierra es para garantizar el derecho a la vivienda o es para los negocios inmobiliarios".
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