En medio del conflicto. 

Senado debate la prórroga del régimen de tierras indígenas

Buscarán extender el plazo para realizar el relevamiento de comunidades indígenas. Estiman que faltan relevar cerca de 200 comunidades más.

El Senado tratará hoy el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial de comunidades indígenas y evita los desalojos, durante una sesión ordinaria cruzada por el conflicto que recrudece en la Patagonia, con los reclamos de distintos colectivos mapuches que se repitieron durante las últimas semanas.

Será en concreto la segunda sesión con presencialidad plena desde que se desbloquearon las restricciones dispuestas por la pandemia de Covid-19. El cuerpo de senadores acordaron discutir una propuesta de la senadora Nora Giménez (Frente de Todos-Salta) que propone una nueva prórroga de la ley 26.160, que data del año 2006.

En una reunión de Labor Parlamentaria del Senado realizada durante el mediodía de ayer, los jefes de los bloques parlamentarios acordaron incluir en el temario de la sesión de mañana la prórroga que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento opera el 23 de noviembre.

La iniciativa pasó a la firma el 28 de septiembre último con aval del oficialismo pero no del bloque opositor, que adoptó esa postura en protesta por la falta de reuniones presenciales que luego comenzarían a desarrollarse.

Qué dice el proyecto de desalojo de tierras indígenas

El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 millones de pesos.

El régimen de tierras vence el próximo 23 de noviembre, pero el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sigue sin concluir el relevamiento de los territorios ocupados o reclamados por comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional que estableció la ley 26.160. De ahí surge el apuro por extender el plazo de su vigencia por cuatro años más.

De aprobarse, está será la cuarta prórroga por cuatro años del régimen inicial, después de las leyes sancionadas en 2009, 2013 y 2017 que extendieron su vigencia. En todos los casos, la razón fue la demora del INAI en realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras en conflicto.

“El relevamiento está en un 70% y sufrió una fuerte parálisis por la pandemia, por lo que es necesario que le demos más tiempo para que lo puedan terminar”, explicó el jefe del bloque oficialista del Senado, José Mayans (Formosa), a medios nacionales.

Según dicta el proyecto en sus considerandos, el INAI ha revisado la situación de los terrenos en los que están afincadas 742 sobre 950 comunidades “identificadas como punto de partida, lo que implica que el elevamiento alcanza al 78% del universo original”.

"Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos", señaló Giménez durante el debate en comisión.

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