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16 de octubre de 2026 - 12:26
Policiales.

Investigan pagos de la FIFA y de Camioneros a Chiqui Tapia y amplían las medidas sobre su exesposa

Ariel Lijo analiza pagos de US$190.000 y las finanzas de su exesposa. Tapia también está procesado por la presunta retención de $19.000 millones en aportes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy

El Juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas diligencias judiciales para determinar la evolución patrimonial de Claudio Chiqui Tapia, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito relacionada con su gestión en la CEAMSE. La medida fue firmada este viernes.

Esta decisión contempla requerimientos de datos sobre sus declaraciones juradas, inversiones financieras, autos y transferencias de dinero efectuadas por la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones.

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal de Paola Moyano

Por otra parte, el juez ordenó dejar sin efecto el secreto fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, expareja del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión también contempla la solicitud de documentación y datos que permitan establecer su situación económica y determinar la composición de sus bienes.

En cuanto a las diligencias vinculadas con Tapia, Lijo requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que detalle el procedimiento para consultar las declaraciones juradas presentadas por el dirigente entre 2016 y 2022, junto con los anexos de carácter reservado. Asimismo, pidió a la CEAMSE que informe si logró localizar la documentación laboral correspondiente a marzo y diciembre de 2006.

La disposición judicial también establece que el Registro de la Propiedad Automotor detalle cuáles fueron los vehículos sobre los que Tapia tuvo facultades para realizar trámites desde 2016 y envíe los expedientes registrales de cuatro unidades. Entre ellas figura un BMW X4, comprado en junio de 2020. Además, Lijo solicitó antecedentes de otros procesos judiciales que permitan obtener información relevante sobre las propiedades, las empresas, los compromisos financieros, las inversiones y las cuentas bancarias del dirigente.

Uno de los puntos que la Justicia intenta esclarecer es la procedencia de 37 depósitos que suman $1.494.678,79, efectuados por el Sindicato de Choferes de Camiones en la cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019. Para determinar a qué correspondían esas transferencias, se solicitó a la organización sindical que precise el motivo de cada pago y aporte el legajo del dirigente, los detalles de los cargos que desempeñó, sus recibos salariales y las liquidaciones de otros conceptos abonados.

El pedido de la Justicia a la FIFA

La Justicia también solicitó a la FIFA que aporte datos sobre tres giros de dinero acreditados en cuentas bancarias de Tapia durante 2018, 2019 y 2020, por montos de US$49.585,53, US$124.583,56 y US$15.408,09, en ese orden. Además, requirió un informe detallado de todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos que el organismo internacional le hubiera entregado desde 2016, junto con la identificación de los puestos, funciones o comisiones que justificaron esas remuneraciones.

En relación con la AFA, Lijo requirió los antecedentes de las tarjetas de crédito corporativas asignadas a Tapia, incluidos los topes de consumo, las disposiciones que habilitaron su utilización y los comprobantes de los gastos realizados. A su vez, solicitó precisiones sobre cinco giros de dinero enviados a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023, cuyo monto acumulado asciende a $1.476.000. Por último, pidió que la entidad brinde detalles sobre los $30 millones en concepto de viáticos que Tapia informó haber cobrado.

El magistrado también dispuso que distintas entidades bancarias aporten información para determinar si Tapia fue titular de cuentas, tarjetas, cajas de seguridad y servicios de billeteras virtuales, además de precisar si realizó operaciones de compra o venta de divisas. Asimismo, solicitó documentación sobre dos cuentas de inversión a su nombre y el detalle de los movimientos registrados en ellas.

Por otra parte, Lijo requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que determine si Tapia y Moyano se adhirieron a los planes de regularización de bienes o de cancelación del impuesto sobre los Bienes Personales previstos en la Ley 27.743. En caso de que hayan participado de alguno de esos esquemas, el organismo deberá especificar qué propiedades, divisas y otros activos fueron incluidos en las respectivas declaraciones.

La investigación sobre Paola Moyano

En lo que respecta a Moyano, Lijo dispuso que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entregue información detallada sobre sus finanzas y patrimonio, su situación impositiva, las declaraciones juradas presentadas, sus propiedades, obligaciones económicas, facturación y movimientos de dinero, así como la posible existencia de bienes radicados fuera del país.

Además, el magistrado ordenó recabar documentación de entidades bancarias, la Caja de Valores y COELSA para establecer si la exesposa de Tapia posee cuentas o inversiones y para conocer las operaciones efectuadas, las transferencias realizadas y los movimientos vinculados con billeteras digitales.

La decisión de profundizar las medidas judiciales llegó luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara, el pasado 13 de octubre, avanzar con el análisis de los giros de dinero provenientes de la FIFA y los ingresos efectuados por el sindicato, además de ampliar los requerimientos de información vinculados con Moyano. De acuerdo con la documentación que ya forma parte de la causa, la mujer figura como autorizada para operar en dos cuentas bancarias de Tapia y como titular conjunta de una caja de seguridad.

El expediente comenzó a partir de una presentación judicial del empresario Guillermo Tofoni, quien denunció un supuesto aumento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024. Tapia forma parte de la CEAMSE desde 2014 y asumió la presidencia de ese organismo en 2024. El objetivo de la investigación es cotejar cómo evolucionaron sus bienes y sus operaciones financieras con los ingresos que declaró. En ese contexto se inscriben las medidas dispuestas por el magistrado, que no constituyen por sí mismas una prueba de que se haya cometido alguna irregularidad.

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