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SUSCRIBITECon origen en cárceles brasileñas, la organización expandió sus negocios ilegales. La Justicia Federal investiga su posible vínculo con una causa en Tucumán.
Qué es el Comando Vermelho, la organización criminal brasileña que ahora quedó bajo la lupa en el NOA.
La causa por supuesto lavado de dinero que derivó en la detención de cuatro personas oriundas de Tucumán volvió a concentrar la atención sobre el Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones delictivas de mayor influencia en Sudamérica y considerada por las fuerzas de seguridad como una de las principales redes vinculadas al narcotráfico en Brasil.
Creado a principios de los años 70 dentro del penal de Ilha Grande, en Río de Janeiro, el grupo nació como una agrupación conformada por reclusos comunes y presos políticos que tenían como objetivo reclamar mejores condiciones de vida dentro del sistema carcelario.
Con el transcurso del tiempo, esa organización inicial sufrió una transformación profunda y pasó a consolidarse como una estructura criminal dedicada principalmente al narcotráfico y a otras actividades ilegales.
A lo largo de los años 80, el Comando Vermelho logró afianzar su presencia en distintas favelas de Río de Janeiro, donde pasó a ejercer control sobre redes dedicadas a la comercialización de drogas, el manejo de armas y otros circuitos vinculados a la economía ilegal. Desde esa etapa, mantiene un enfrentamiento permanente con el Primeiro Comando da Capital (PCC), otra de las organizaciones criminales más relevantes de Brasil, por el dominio de corredores de distribución y territorios utilizados para actividades ilícitas.
Con el paso de las décadas, la estructura del grupo se expandió y sus métodos de operación se volvieron más amplios. Además del negocio de las drogas, las autoridades le adjudican participación en delitos como el tráfico internacional de armamento, cobro de extorsiones, secuestros, robos, contrabando y asesinatos por encargo.
Informes elaborados por organismos internacionales señalan que el Comando Vermelho (CV) habría ampliado su radio de acción hasta Bolivia, donde presuntamente conformó una estructura orientada a organizar el suministro de cocaína hacia mercados de Europa, Asia y Oceanía, a través de acuerdos y vínculos con otros grupos delictivos.
En los últimos años, fuerzas de seguridad de Brasil y Argentina comenzaron a poner el foco en una nueva dimensión de la organización: además del dominio sobre determinados territorios, el grupo habría desarrollado mecanismos financieros cada vez más sofisticados para blanquear los fondos provenientes de negocios ilegales y volver a incorporarlos al circuito económico.
Ese nuevo esquema de funcionamiento permite entender por qué algunas causas recientes, como la investigación encabezada por el fiscal federal Agustín Chit en Tucumán, pusieron el eje en posibles maniobras de lavado de dinero y movimientos financieros irregulares, más allá del tradicional enfoque sobre el comercio de drogas.
Uno de los principales operativos contra la estructura criminal tuvo lugar en octubre de 2025, cuando el Gobierno de Río de Janeiro puso en marcha la denominada “Operación Contención”, un procedimiento que fue calificado como el mayor despliegue de seguridad realizado hasta ese momento contra el Comando Vermelho.
El procedimiento contó con la participación de más de 2.500 agentes de seguridad desplegados en 26 favelas, donde se produjeron intensos enfrentamientos con miembros de la organización criminal, quienes respondieron con armamento de alto poder de fuego e incluso recurrieron al uso de drones durante los ataques contra los efectivos.
En ese marco, el Ministerio de Seguridad de la Nación decidió incluir al Comando Vermelho dentro del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al evaluar que el nivel de organización, los recursos disponibles y las acciones atribuidas al grupo constituyen un riesgo significativo para la seguridad pública.
La investigación judicial abierta por una supuesta operación de lavado de activos por US$ 14 millones, que terminó con la detención de cuatro ciudadanos tucumanos, representa hasta ahora uno de los principales elementos que alimentan la sospecha sobre una eventual expansión del Comando Vermelho hacia el noroeste argentino.
La Justicia Federal trabaja actualmente para determinar si esa posible conexión con la organización criminal puede ser comprobada.
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