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SUSCRIBITEEl fiscal era el encargado de llevar adelante la investigación del caso AMIA. Conoce el recorrido de la causa y qué pasó con su denuncia contra CFK.
El fiscal era el encargado de llevar adelante la investigación del caso AMIA.
El sábado se conmemoran 10 años de la muerte de Alberto Nisman. El fiscal, quien lideraba la investigación del caso AMIA, fue hallado sin vida en su departamento la noche del 18 de enero de 2015, días después de presentar una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios, acusándolos de encubrir el atentado.
El 18 de enero de 2015, se abrió una investigación sobre su fallecimiento, la cual fue tramitada por distintos tribunales y fiscalías, pero que todavía no ha llegado a juicio. En este artículo, abordamos el recorrido y el estado actual de ambos casos: el relacionado con su muerte y el de su denuncia.
El caso relacionado con el fallecimiento de Nisman no solo fue trasladado a diferentes tribunales, sino que también pasó por distintos ámbitos judiciales. Inició en el fuero penal de la justicia nacional, encargado de los delitos comunes en la capital del país. Al día siguiente de ocurrido el hecho, el entonces responsable de la Morgue Judicial, Roberto Godoy, informó a la fiscal Viviana Fein que no había signos de intervención ajena en la escena. La única persona acusada en ese momento fue el asesor informático Diego Lagomarsino, por haber entregado un arma a alguien sin autorización para portarla.
En mayo de 2015, el comité médico encargado de revisar el caso, compuesto por expertos del Cuerpo Médico Forense, la Policía Federal y las partes involucradas, determinó que no había pruebas suficientes para afirmar que la muerte de Nisman fuera un asesinato.
No obstante, a finales de 2015, la jueza Fabiana Palmaghini decidió apartar a la fiscal Viviana Fein del caso, y en marzo de 2016, remitió el expediente al ámbito de la justicia federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó esta decisión, y en septiembre de 2016, concluyó que al tratarse de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de su cargo, la investigación debía ser asumida por el fuero federal.
El caso fue transferido al juez federal Julián Ercolini y al fiscal federal Eduardo Taiano. En 2016, el fiscal solicitó un nuevo análisis pericial, esta vez a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina. El informe resultante indicó que en la muerte de Nisman “habrían participado terceras personas ajenas a la víctima, que además intentaron simular su suicidio”.
En diciembre de 2017, Ercolini imputó a Lagomarsino como coautor necesario del crimen de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”, debido a que le entregó la pistola que causó la muerte. Además, procesó a cuatro agentes de seguridad de Nisman por los cargos de “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por considerar que con su accionar “ayudaron a la perpetración del ilícito” al dejar ingresar el arma que provocó la muerte (llevada por Lagomarsino).
Según un reporte entregado por Taiano la semana pasada, “se corroboró la participación activa de terceras personas” que ingresaron al departamento, redujeron a Nisman, lo trasladaron hasta el baño y “allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 de enero y la madrugada del 18 de enero de 2015”.
El informe también señala que “se verificó que como parte del plan criminal tendiente a simular un suicidio fue necesario facilitar el ingreso al domicilio de un arma con un vínculo verificable que permitiera franquear accesos y controles hasta el Dr. Nisman e inicialmente implantar la duda respecto del fatal desenlace -concepto conocido como ‘arma amiga’-”. En este caso, el arma de Lagomarsino.
En junio de 2018, la Sala II de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó los procesamientos establecidos por Ercolini. El informe de Taiano resume las investigaciones realizadas desde ese momento: se tomaron testimonios de 64 actuales y ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, se efectuó un análisis de llamadas telefónicas entre figuras del ámbito del espionaje antes y después del incidente, y se ampliaron las pruebas mediante “fundadas sospechas vinculadas al accionar de personal de inteligencia del Ejército Argentino”.
No obstante, el caso todavía no ha sido llevado a juicio. Además, y de manera aún más relevante, no se tiene información sobre quiénes serían los responsables directos e indirectos del supuesto asesinato. Al final de su informe, Taiano resume: “Se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía”.
En enero de 2015, pocos días antes de su fallecimiento, Nisman presentó una denuncia contra Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque (FpV), y otros líderes y presuntos agentes de inteligencia, acusándolos de haber encubierto a los implicados iraníes en el caso AMIA mediante la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
El fiscal afirmaba que había un pacto entre los gobiernos de Argentina e Irán cuyo supuesto fin era levantar las alertas rojas de Interpol contra los acusados iraníes.
El juez federal Daniel Rafecas desechó la denuncia al considerar que no existía delito alguno. Un mes después, la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires ratificó la decisión. El expediente fue elevado a la Cámara Federal de Casación Penal, donde el fiscal Javier De Luca no respaldó la apelación, lo que resultó en el archivo del caso.
Simultáneamente, se inició una investigación contra Timerman por presunta traición a la patria, a raíz de una charla telefónica con el ex presidente de la AMIA, Guillermo Borger, en la que –previo a la firma del memorándum– Timerman reconocía que los iraníes habían sido los responsables del atentado. Con esta evidencia, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) solicitó la reapertura del expediente. Aunque Rafecas y la Cámara Federal rechazaron la solicitud, la DAIA, en su rol de querellante, apeló ante la Cámara de Casación, que apartó a Rafecas y dictó la orden de reabrir la investigación.
El expediente fue asignado al juzgado de Ariel Lijo, pero en poco tiempo el juez federal Claudio Bonadio, encargado de la causa contra Timerman por las conversaciones telefónicas, solicitó que se unieran ambas investigaciones. En consecuencia, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, envió el caso de la denuncia de Nisman para que ambas causas fueran investigadas en conjunto.
En diciembre de 2017, Bonadio emitió un procesamiento con prisión preventiva contra Fernández de Kirchner, aunque no se llevó a cabo su arresto debido a que la ex presidenta había sido elegida senadora y gozaba de fueros. El expediente fue elevado a juicio oral, y a finales de 2019, tras asumir como Vicepresidenta, el Tribunal Oral decidió anular la prisión preventiva de Fernández de Kirchner.
En octubre de 2021, antes de que comenzara el juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8, encargado del caso, resolvió sobreseer a los acusados por la falta de delito. Esta decisión fue impugnada, y en septiembre de 2023, la Cámara de Casación anuló el sobreseimiento de Fernández de Kirchner y otros imputados, además de separar a los jueces del tribunal oral responsables de la resolución.
La defensa de la ex presidenta llevó el caso a la Corte Suprema, que en diciembre de 2024 desestimó su apelación y ratificó que Fernández de Kirchner debe enfrentar un juicio oral por su participación en la firma del Memorándum.
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