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SUSCRIBITEEl Ejecutivo dispuso actualizar las cuotas conforme a la tasa de inflación en lugar de los incrementos que las prepagas aplicaron desde diciembre.
Las empresas aseguraron que “si esta medida hay que aplicarla" quiebra el sistema privado de salud dentro de 60 días.
Después de la liberalización de los precios mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y en medio de tensiones, el Gobierno central ha ordenado hoy que las prepagas revisen los incrementos de las cuotas utilizando la inflación como referencia.
El secretario de Hacienda, Luis Caputo, señaló en la plataforma X que las empresas de medicina prepagada “deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaría de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media”.
“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La disputa entre el gobierno y las compañías de medicina prepaga se agudizó en estos días y, en esta situación, Claudio Belocopitt, líder de Swiss Medical, presentó su renuncia como presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).
La Secretaría de Industria y Comercio junto con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), tras recibir una denuncia y ante evidencias de posibles acuerdos entre las empresas de medicina prepaga, actualmente en investigación, han emitido una medida cautelar anticipada basada en la Ley de Defensa de la Competencia. Esta ley contempla la posibilidad de reclamar compensaciones por daños y perjuicios a las compañías que incurran en prácticas contrarias a la competencia si la sanción se mantiene firme.
La disposición impide el intercambio de datos sensibles desde el punto de vista de la competencia entre las empresas de medicina prepaga bajo investigación y la UAS.
Los incrementos se han detenido desde diciembre del año anterior y permiten a las empresas de medicina prepaga aplicar, como máximo, el índice de Precios al Consumidor (IPC) para determinar cualquier aumento. Esta restricción se mantendrá, inicialmente, durante los siguientes seis meses.
Según la disposición, se prevé una disminución del 33% en las cuotas, considerando la proyección oficial de que la inflación de abril alcanzará el 10%. El Ejecutivo calcula que, en términos generales, las cuotas de medicina prepagada han aumentado un 151%.
La competencia para revertir los incrementos no está bajo la jurisdicción de la Secretaría de Industria y Comercio. Sin embargo, la Superintendencia de Salud ha interpuesto una medida cautelar ante el poder judicial para que se reembolse a los asegurados el exceso sobre el índice inflacionario.
De acuerdo con un informe técnico obtenido por Infobae, se sugirió al tribunal involucrado una fórmula para reembolsar el exceso, que sería la diferencia entre el aumento promedio del 70% en el costo de vida y el incremento promedio del 140% aplicado por las principales empresas de medicina prepaga. Una opción viable podría ser la devolución en siete cuotas consecutivas y de igual valor de ese 70% estimado que se cobró de forma indebida, considerando siempre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de cada mes.
Las compañías tienen la posibilidad de impugnar la decisión, pero es importante resaltar que esta medida comienza a regir de inmediato.
“Concluida la investigación y acreditada de manera independiente que la práctica colusiva denunciada se produjo, una infracción a la normativa de competencia puede importar una sanción de multa de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina, o hasta el doble del beneficio ilícitamente obtenido por la maniobra”, detallaron fuentes oficiales.
El proceso de investigación está en desarrollo, la evidencia es preliminar hasta el momento, aunque hay testimonios, una coincidencia temporal en los incrementos aplicados y otros signos de colusión que el informe de la CNDC examina exhaustivamente.
Representantes del sector, en conversación con colegas de Infobae, afirmaron: “Si esta medida hay que aplicarla tal cual se anunció quiebra el sistema privado de salud, pero no dentro de seis meses, quiebra dentro de 60 días”.
“Las prepagas somos el enemigo que eligieron ahora, pero el que desreguló los precios del sector fue el propio Gobierno, con el DNU de diciembre. Antes eran los medios hegemónicos, ahora parece que somos las prepagas”, dijo otra fuente. “La medida involucra no solo a las prepagas sino a todos los prestadores, salarios, profesionales y otros rubros. Es una bomba sobre todo el sistema de la salud privada”, añadió.
Las compañías argumentan que los incrementos se deben a los significativos aumentos en los costos durante los últimos meses y al retraso generado por las regulaciones implementadas durante la administración de Alberto Fernández.
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