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SUSCRIBITEDicha propuesta apunta a cambios en los partidos políticos y sindicatos. El Gobierno no quiere que la ley "anticasta" choque con la Ley Ómnibus.
La ley contempla la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente.
El Gobierno progresa con la Ley "anticasta" y se dispone a remitirla al Congreso. Según se informó a colegas de TN, el equipo técnico del Gobierno ha completado el documento preliminar del proyecto y está siendo evaluado por el equipo del vicejefe de Gabinete, José "Cochi" Rolandi, para determinar posteriormente la fecha de presentación en la Cámara de Diputados.
En el seno del oficialismo se establece como prioridad abordar inicialmente la Ley Ómnibus y el pacto fiscal, dejando posteriormente que la labor legislativa se concentre en los aspectos concernientes a la ley "anticasta". En las oficinas de Balcarce 50, indican que esperan comenzar a tratar estos puntos específicos en comisión no antes de mayo.
Contempla la supresión de las pensiones especiales para el presidente y vicepresidente, además de la inhabilitación de individuos condenados por corrupción en instancia superior para presentarse a elecciones nacionales, junto con la revocación de los privilegios de exfuncionarios con sentencias definitivas.
Además, sugiere la imposición legal de sanciones al presidente, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central, a los diputados y senadores que voten a favor de aprobar un presupuesto que prevea financiar el déficit fiscal mediante la emisión monetaria, con castigos equiparables a los de un delito de lesa humanidad.
Asimismo, propone la abolición del respaldo económico estatal a los partidos políticos, de manera que estos deban sostenerse mediante contribuciones voluntarias. Además, promueve la disminución de los contratos de los asesores de los legisladores y la eliminación de los beneficios relacionados con el estacionamiento.
Esta medida ya ha causado fricciones dentro del partido gobernante debido a las designaciones de los parientes de la senadora de La Libertad Avanza Vilma Bedia en el Senado.
Una de las disposiciones incluidas en la ley "anticasta", que el Ejecutivo presentará al Congreso, es la exigencia de que los sindicatos seleccionen a sus dirigentes mediante elecciones regulares y vigiladas por la Justicia Electoral. Esta medida limitaría los mandatos a un máximo de cuatro años y permitiría una sola reelección.
Además, propone que los acuerdos laborales individuales acordados libremente por los trabajadores dentro de una empresa tengan mayor relevancia que los convenios colectivos del sector y prohíbe la deducción del salario de los empleados que participen en huelgas. El Gobierno considera que esta medida es esencial para "sanear" las empresas estatales y fomentar su privatización.
Javier Milei reveló la presentación del proyecto de ley durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso el primero de marzo. “Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta”.
La intención es evitar conflictos con la discusión sobre la Ley Ómnibus y las iniciativas fiscales que serán presentadas hacia mediados de abril. El Gobierno pretende evitar superposiciones en las conversaciones sobre los diversos proyectos que están promoviendo y busca mantener separadas las negociaciones con los legisladores y los gobernadores.
Por esa razón, la estrategia en Balcarce 50 consiste en que las modificaciones en Seguridad y Defensa, anunciadas por los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, se gestionen de manera independiente a las negociaciones actuales del oficialismo con la oposición aliada respecto a la Ley Ómnibus y el DNU 70/2023.
Esta misma lógica se extiende al tratamiento de los nombramientos del juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel José García-Mansilla en el Senado, para cubrir las vacantes dejadas en la Corte Suprema por la partida de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la jubilación de Juan Carlos Maqueda.
Prefieren evitar que las reformas se estanquen en el Congreso en caso de que la ley principal sea rechazada, y buscan poner en marcha las demás comisiones para que trabajen simultáneamente con los proyectos principales.
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