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SUSCRIBITELa resolución de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se expondrá en una audiencia pública a las 11 de la mañana en Comodoro Py.
Un 13 de abril de 2016 Cristina Kirchner pisó por primera vez los tribunales de Retiro para ir a su primera indagatoria.
Los días 13 no resultaron favorables para Cristina Kirchner. Un 13 de abril de 2016, asistió por primera vez a los tribunales de Retiro para su primera declaración indagatoria, relacionada con la causa del dólar futuro. Luego, el 13 de mayo, fue procesada. Además, en 2016, el entonces director de Vialidad denunció irregularidades en las obras asignadas a Lázaro Báez durante su gobierno.
La presentación se respaldó con una auditoría. Pasaron ocho años, y otro día 13 se sumará a la lista de casos de CFK en Comodoro Py. Hoy, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si ratifica la sentencia de seis años de prisión y la prohibición permanente de ocupar cargos públicos para la ex presidenta.
La audiencia está programada para las 11 en la Sala B, en la Planta Baja del edificio. Afuera, poco antes, el dirigente Juan Grabois y el ministro de Justicia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, liderarán una clase pública para denunciar el “lawfare”. Si, como se anticipa, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirman la sentencia, solo quedará la opción de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. La reciente líder del Partido Justicialista, de 71 años, deberá cumplir la condena una vez que el fallo sea definitivo.
A través de un comunicado titulado "la banda de los copitos de Comodoro Py", la ex presidenta reiteró, al igual que en todas sus intervenciones en el caso, que la están imputando “por un delito que como Presidenta nunca pudo haber cometido” y dio por hecho que será condenada. “¿Cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol”, resaltó.
No es común que la Cámara de Casación dé a conocer su sentencia en una audiencia. Generalmente, las resoluciones se notifican a los abogados y fiscales mediante el sistema digital del Poder Judicial. Sin embargo, esta vez, en medio de especulaciones sobre el posible desenlace, los magistrados optaron por organizar una audiencia pública. Ya habían aplicado este procedimiento en otros casos de interés público, como el caso Cromañón, el accidente de LAPA o la recusación del juez Claudio Bonadio en la causa Hotesur. Además, es una de las disposiciones contempladas en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que ya se implementa en varias regiones del país.
Lo que decida Casación no será definitivo. Todas las partes tienen la posibilidad de apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 6 de diciembre de 2022, Cristina Kirchner fue sentenciada a seis años de prisión y a la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad, aunque fue absuelta en mayoría del cargo de asociación ilícita. Es la primera vicepresidenta condenada por corrupción mientras está en funciones. Aunque la sentencia establece inhabilitación para cargos públicos y una pena de prisión, el fallo aún no está firme.
La sentencia fue emitida por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2. Los tres coincidieron en condenarla por administración fraudulenta. Sin embargo, por mayoría de dos a uno, fue absuelta del cargo de asociación ilícita, ya que solo Basso votó por condenarla en ese aspecto. Los otros jueces consideraron que no se cumplía la multiplicidad de delitos requerida para esa figura legal.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de 84 mil millones de pesos, específicamente $84.835.227.378,04, en compensación por el daño causado.
“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal.
Según argumentaron, la maniobra buscó “asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso: Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez”. Y el tribunal añadió: ”La comprobación de las circunstancias descritas ha guiado las condenas dictadas en el marco de esta causa respecto de personas en ejercicio de la función pública nacional y provincial quienes, violando sus deberes sobre el manejo, la administración o el cuidado del patrimonio lesionado, y con el fin de procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional”.
CFK no fue la única en recibir condena. También fueron sentenciados a seis años de prisión el empresario Lázaro Báez, José López, ex secretario de Obras Públicas, y Nelson Periotti, quien dirigió la Dirección Nacional de Vialidad. A Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), se le impuso una pena de cinco años de cárcel. Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP, recibió una condena de cuatro años y medio. Mauricio Collareda, jefe del Distrito N°23 de Santa Cruz de la DNV, y José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de la AGVP, fueron sentenciados a cuatro años. Finalmente, Raúl Daruich, encargado del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, obtuvo una pena de tres años y medio.
Para sorpresa de muchos, hubo personas absueltas. El tribunal determinó que no existían pruebas suficientes contra Julio de Vido, ex ministro de Planificación; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; y Héctor Garro, quien presidió la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz. Asimismo, Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex secretario de Coordinación de Planificación, también fue eximido del caso. En su caso, el sobreseimiento fue por prescripción, siendo el único a quien el fiscal no había implicado en la asociación ilícita.
Tras las apelaciones presentadas, el fallo ahora será evaluado por los jueces Hornos, Borinsky y Barroetaveña. A las 11, en una audiencia pública, se anunciará si las condenas se confirman en esta etapa.
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