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20 de mayo de 2019 - 21:33
11 imputados

Comienza el primer juicio oral a Cristina Kirchner por asociación ilícita

Inicia hoy el juicio oral a la expresidenta Cristina Kirchner, su ministro de Planificación Julio De Vido y otros once acusados de formar una presunta asociación ilícita que favoreció al empresario Lázaro Báez, con la adjudicación de 51 obras públicas por 46.000 millones de pesos. El proceso se extenderá por casi un año y contará con la declaración de unos 160 testigos.

La senadora nacional afrontará desde las 12 el primer juicio ante el Tribunal Oral Federal 2.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu prevén iniciar el debate oral con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, de los dos organismos querellantes, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, y el auto de elevación del juez de instrucción Julián Ercolini. Esta lectura demandará unas cuatro audiencias, desde este martes y luego todos los lunes.

Cuatro de los 13 acusados, De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y Báez serán trasladados desde los penales en que se encuentran detenidos e ingresarán directamente a la sala junto a personal del Servicio Penitenciario Federal.

Los jueces definirán en qué lugar se sentará cada acusado, junto a sus abogados defensores en la sala de audiencias. La asistencia de los procesados es obligatoria en la etapa de lectura de las acusaciones, declaraciones indagatorias y al final del debate, para alegatos y veredicto.

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Causas de Cristina Fernández
Causas de Cristina Fernández

Una vez finalizada la lectura de los requerimientos de acusación, se dará paso a las llamadas "cuestiones preliminares" y allí se espera que las defensas intenten suspender el juicio al plantear nulidades vinculadas a la falta de resolución por parte de la Corte Suprema, de ocho recursos de queja planteados contra decisiones del Tribunal Oral.

Todos los planteos deberán ser respondidos por el fiscal del juicio, Diego Luciani, y las querellas, y luego serán resueltos por el Tribunal.

Además de Cristina Kirchner, De Vido, López, Kirchner y Báez serán juzgados Nelson Periotti, Raul Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Villafañe, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Fatala.

Para el segundo semestre se prevé que comiencen las declaraciones de testigos con unos 160 convocados, entre ellos los exjefes de gabinete Alberto Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Sergio Massa; el exsecretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini; y el valijero arrepentido Leonardo Fariña.

Además se citará a empresarios como Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Juan Chediak, Enrique Eskenazi y Eduardo Eurnekian.

Los detalles de la causa

La llamada causa "Vialidad" se convirtió en una de las más grandes que se tramitan en los tribunales federales de Retiro, dado que tiene 60 cuerpos de expediente con 200 hojas cada uno y unas 150 cajas con documentación.

"Para lograr sustraer los fondos del Estado, esta asociación, entre otros planes delictivos, escogió la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional y para ello convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad seleccionando a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde, con la colaboración de funcionarios locales, se ejecutaría la matriz de corrupción", especificaron los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio. Ese párrafo es parte del texto que se leerá en la sala.

El juez federal Julián Ercolini procesó a los acusados por entender que hubo direccionamiento en las 88 obras públicas nacionales hechas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 y que 51 de ellas se adjudicaron a empresas del grupo Báez por 46.000 millones de pesos.

Los delitos son asociación ilícita en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública y en el caso de la expresidenta con un embargo de diez millones de pesos. La investigación se inició por denuncia del exjefe de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.

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