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SUSCRIBITE La denuncia apunta al manejo de la cadena de cafeterías “Tostado” y solicita investigar un entramado empresarial destinado a ocultar el origen de los fondos.
Piden investigar un entramado empresarial diseñado para ocultar el verdadero origen del dinero.
El abogado Gregorio Dalbón impulsó una acusación penal en el fuero federal contra la senadora Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el empresario Fernando Goijman, creador de Tostado Café, por presuntos delitos de evasión fiscal, blanqueo de capitales y conformación de una organización ilícita.
La presentación judicial solicita que se analice una supuesta estructura empresarial diseñada para encubrir el origen del dinero relacionado con la firma gastronómica, que cuenta con más de 70 sucursales.
La acusación alcanza a Francisco Langeri Bullrich y a Fernando Goijman, quienes figuran como socios de las sociedades Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., e incluye además a Patricia Bullrich dentro del planteo judicial.
En el escrito, Dalbón afirma que Langeri Bullrich estaría ligado a una estructura que administra más de 70 bares y establecimientos gastronómicos bajo esas dos razones sociales, y cuestiona que el vertiginoso crecimiento del negocio “no encuentra una explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial ni financiamiento bancario verificable”.
La presentación sostiene, además, que “dicha expansión empresarial se habría producido en un lapso relativamente breve, alcanzando un valor económico de millones de dólares, sin que existan antecedentes públicos que expliquen razonablemente ese crecimiento”.
El planteo ante los tribunales toma como sustento distintos trabajos periodísticos que señalan la existencia de numerosas empresas interrelacionadas, varias de ellas con direcciones repetidas o asociadas a propiedades vinculadas a Patricia Bullrich.
Entre los puntos destacados, se alude de manera específica a un inmueble situado en Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires, al que se le atribuye un papel significativo desde el punto de vista patrimonial y tributario.
“El entramado societario se encontraría fragmentado en diversas firmas, lo cual podría responder a una estrategia deliberada de atomización destinada a dificultar el control fiscal, contable y patrimonial”, alerta la denuncia.
Dalbón agrega que varias de las firmas involucradas habrían acumulado cheques devueltos por insuficiencia de fondos, una circunstancia que —según expone— resulta incompatible con la magnitud económica que se le atribuye al conglomerado y que podría revelar irregularidades contables, facturación incompleta o una apariencia artificial de solidez financiera.
El escrito también subraya que el entramado empresarial tendría proyección fuera del país, con establecimientos en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, un dato que complejiza la operatoria y exige examinar eventuales movimientos de dinero entre distintas jurisdicciones.
En otro tramo de la presentación, el letrado afirma que “no existiría información pública clara ni verificable respecto del origen de los fondos iniciales utilizados para la apertura simultánea o sucesiva de numerosos locales gastronómicos”.
El letrado alerta que el emprendimiento comercial habría funcionado, presuntamente, como una estructura de fachada o un instrumento destinado a blanquear fondos de procedencia irregular.
En relación con Patricia Bullrich, la presentación judicial señala que la existencia de un lazo familiar “no implica por sí solo reproche penal alguno”, pero subraya que su posición institucional “exige extremar los recaudos de investigación a fin de descartar cualquier situación de conflicto de intereses, favorecimiento indebido o tolerancia estatal”.
El letrado enfatiza en un “elemento de singular relevancia institucional: la existencia de vínculos directos y familiares con una funcionaria de altísimas esferas del poder político, circunstancia que, sin implicar por sí sola reproche penal alguno, exige extremar los recaudos de investigación a fin de descartar cualquier situación de conflicto de intereses, favorecimiento indebido, utilización de influencias o tolerancia estatal frente a eventuales irregularidades económicas de significativa envergadura”.
Dentro del listado de diligencias requeridas, Dalbón reclamó la realización de procedimientos de registro, la incautación de papeles contables y societarios, la elaboración de reportes por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Inspección General de Justicia (IGJ) y dependencias tributarias, así como la convocatoria de los acusados para prestar declaración indagatoria.
El expediente fue asignado por sorteo al juez federal Ariel Lijo y a la fiscal Alejandra Mángano, quienes tendrán a su cargo definir si corresponde avanzar con la apertura formal del proceso investigativo.
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