El Gobierno denunciará a Victoria Tolosa Paz

Se ha vinculado este último aspecto con la creación de entidades ficticias con el propósito de generar comprobantes de pago engañosos, generando así créditos impositivos que luego eran comercializados con compañías legítimas. En el caso investigado por la AFIP, tres individuos fueron declarados culpables, aunque al final el empresario de la industria de la yerba mate quedó exento de procedimientos legales.

Las tres firmas ofertaron exactamente el mismo valor por cada paquete de mil gramos, $1518,90.

Las tres compañías presentaron idénticos precios por cada unidad de mil gramos, fijando el monto en $1518,90.

Según lo divulgado en el Diario Oficial el 8 de noviembre de 2023, un mes y dos días antes de que el partido peronista transfiriera el gobierno a La Libertad Avanza, desde el antiguo departamento dirigido por Tolosa Paz defendieron la adquisición mediante una “evaluación técnica” solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social a la Universidad Nacional de San Martín donde se aconsejó qué propuestas aceptar y cuáles desestimar.

Leila Gianni, la funcionaria legal adjunta del Ministerio de Recursos Humanos, participó en dos emisiones televisivas de los canales LN+ y TN, exhibiendo el contenido de los bultos: “Puro palo”, dijo.

“Tres mil toneladas de las cinco mil que están en los depósitos corresponde a yerba, que es puro palo. Le pregunto a los ex ministros si con yerba se alimenta el pueblo argentino. El resto de los alimentos son productos adquiridos por la gestión anterior para dárselos a las organizaciones sociales, pero vamos a usarlos para asistir a la población en situaciones de emergencia”, agregó.

Los anteriores titulares referidos por la persona designada para presentar las acusaciones judiciales del departamento dirigido por Sandra Pettovello son la mencionada legisladora nacional por la región de Buenos Aires, su colega en la cámara Daniel Arroyo y Juan Zabaleta.

Desde la ex cartera a cargo de Tolosa Paz justificaron la compra en una "evaluación técnica" solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social a la Universidad Nacional de San Martín.

El conflicto entre los grupos sociales y la administración de La Libertad Avanza por los alimentos almacenados en los almacenes ha revelado presuntas anomalías en la adquisición de materiales destinados a situaciones de crisis alimentaria.

El 4 de abril pasado, cuando fue cuestionada sobre las adquisiciones millonarias de yerba mate con palo, la legisladora de Unión por la Patria emitió una respuesta a través de su plataforma en línea X: “Sí, compramos miles de kilos de yerba para las familias de todas las provincias. En la vida real el mate, el mate cocido y el mate cocido con leche son infusiones esenciales en los comedores, en las escuelas y en las mesas del pueblo. Le aconsejo que largue el teléfono y se acerque a tomar unos mates con su gente”.

Cuando los asesores legales de Recursos Humanos examinaron las asignaciones efectuadas por Tolosa Paz, identificaron las discrepancias en el procedimiento de las compras multimillonarias, como ocurrió con la adquisición de aceite y guardapolvos, que se realizaron de forma selectiva o inapropiada a compañías y cooperativas vinculadas al gobierno vigente, o que fueron señaladas por el uso indebido de facturas.

Leila Gianni se presentó en dos programas de los canales LN+ y TN mostrando el contenido de los paquetes: "Puro palo", dijo.

El desembolso en mate efectuado al finalizar la presidencia de Alberto Fernández equivale al 68,8% del presupuesto total de $30.500 millones de pesos asignados a artículos esenciales para constituir el inventario de emergencia dirigido a los sectores más desfavorecidos.

“Esta adjudicación genera sospechas sobre la transparencia y la idoneidad de los procesos de compra del ex Ministerio de Desarrollo Social”, remarcaron desde Casa Rosada a Infobae y recordaron, como lo hizo la abogada Gianni que “de las cinco mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de tres mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior, que firmó Victoria Tolosa Paz y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y que vamos a denunciar porque la auditoría revelo serias irregularidades”.

Doce meses atrás, cuando se divulgó que las dos compañías de Misiones de Ignacio Kleñuk y Hugo Oscar Holowaty, junto con otras tres empresas, habían triunfado en la Licitación Pública N° 95-0072-LPU21 para "asistir a la población vulnerable", solicitada por la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, que estaba bajo la jurisdicción de Desarrollo Social, los empleados del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) notaron que “la mercadería mostraba signos de estar adulterada”.

Hay una "batalla" entre las organizaciones sociales y el gobierno de La Libertad Avanza por los alimentos.

“Enviamos los paquetes a analizar. Queremos que se analice palo, sustancias extrañas, contaminantes, todo tipo de componentes que tenga ese paquete. Es yerba que el Estado compraba para los más humildes. Esto es un alimento, no podemos darles esta basura”, dijo en aquella oportunidad Marcelo Hacklander, funcionario del Instituto Nacional de Yerba Mate.

Las autoridades nacionales fueron recomendadas por ese organismo a "examinar minuciosamente todo el cargamento antes de su distribución para consumo". En tanto, Cristian Klingbeil, quien ya no ocupa el cargo de presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), mencionó a la revista Bichos de Campo: “Nosotros denunciábamos que la yerba comprada era de mala calidad. Se mezclaba té, yuyo y un poquitito de yerba. Es más, tuve la oportunidad de ver uno de esos paquetes de mercadería, porque a uno de nuestros obreros se la dieron, y había que tener coraje para tomar eso. Nosotros que estamos en la actividad enseguida nos damos cuenta de que hay cosas raras”, opinó.

De yerba a aceite

El departamento de Recursos Humanos había identificado previamente irregularidades en la asignación de alimentos dirigidos a las poblaciones más necesitadas el 27 de abril.

En esa instancia, presentó una denuncia contra los funcionarios del antiguo ministerio de Desarrollo Social, por presunta manipulación en la licitación de $613.974.500 para adquirir 2.700.000 botellas de aceite de girasol de un litro y medio. Las discrepancias fueron descubiertas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Al revisar las adjudicaciones realizadas por Tolosa Paz, los abogados de Capital Humano advirtieron inconsistencias.

La administración de La Libertad Avanza había expuesto este tipo de tácticas mediante una serie de revisiones internas en las que se encontraron incrementos de precios de hasta un 500%; prácticas de cartelización en las compras; direccionamiento hacia determinadas empresas y asociaciones; y una "falta de rastreabilidad" en el destino de los alimentos destinados a programas sociales.

Según la documentación presentada ante la Justicia, la asignación corresponde a la orden de compra 132, tramitada a través del expediente 2022-89392670, y que “se realizó para la adquisición de 2.700.000 unidades de aceite de girasol en el formato singular de 1,5 litros para mitigar las demandas de ayuda alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad”.

La acusación, divulgada por este medio, resalta que en múltiples instancias del expediente se hace mención explícita de la empresa que fue seleccionada como beneficiaria, “Proveeduría Integral MC S.R.L.” y cuyos titulares resultan ser “Giuliano Carmelo Pellicori y Luisa Bianca Pellicori”.

El gasto en yerba mate realizado sobre el fin del mandato de Alberto Fernández representa el 68,8% del total de $30.500 millones de pesos destinados a productos básicos.

La PIA explicó que, del archivo digital de esa licitación, se deduce que los encargados de la empresa, habían estampado la firma utilizando el sello de otra compañía, Alimentos Fransro SRL, también de su propiedad, que al igual que otras empresas también se habían presentado en diversas licitaciones, y creadas con este fin".

El informe indica que esta anomalía sugiere la posible transgresión de las obligaciones de un funcionario público al no verificar adecuadamente la documentación presentada en los procedimientos sin realizar ninguna observación.

Otra de las incongruencias detectadas por la PIA fue la caducidad del plazo de tres días para subsanar la documentación faltante y presentada en el expediente en el momento oportuno.

"Enviamos los paquetes a analizar. Queremos que se analice palo, sustancias extrañas, contaminantes, todo tipo de componentes que tenga ese paquete", dijo Marcelo Hacklander.

El 25 de octubre de 2022 -en ese momento Tolosa Paz ya estaba a cargo del ministerio en sustitución de Juan Zabaleta- la Dirección de Adquisiciones y Contratos distribuyó el Reporte Técnico junto con otras unidades administrativas.

La acusación también señala que “en dicho informe se realizaron observaciones sobre los productos ofrecidos, lo que motivo la intimación a la presentación de documentación complementaria el 28 de octubre de 2022 por parte de la Comisión Evaluadora -Julio Aníbal Talia-, dándose como fecha límite de cumplimiento para el 3 de noviembre de 2022″.

A pesar de la advertencia, la empresa que estaba destinada a ganar la licitación por más de 600 millones de pesos, solo presentó la documentación faltante 20 días después del plazo límite, lo que "vulneró" el principio de equidad con respecto a otros posibles oferentes. Esto llevó a los funcionarios denunciantes a afirmar que las autoridades anteriores “se apartaron del principio de legalidad en clara vulneración a la normativa aplicable”.

El Gobierno de Javier Milei ordenó auditar las compras en el Estado. Capital Humano ya realizó varias denuncias en la justicia federal.

Se presume que los empleados del departamento social no solo habrían favorecido a la SRL seleccionada, sino que también habrían adaptado los requisitos para que coincidieran con los productos ofrecidos por esta empresa, lo que resultó en que la empresa beneficiada fuera "la única postulante".

El 1 de febrero de 2023, el Ministerio de Desarrollo Social aumentó el valor del contrato en un 35%, sumando otros $214.891.110.

La controvertida adquisición comenzó durante el mandato del ministro de Desarrollo Social Juan Zavaleta, pero fue confirmada por su sucesora, Victoria Tolosa Paz.