Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa expresidente podría recibir esta condena por asociación ilícita. El procurador Casal tiene pensado exponerlo mañana ante la Corte Suprema. Los detalles.
El procurador Casal ya tiene el dictamen para pedir que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años por asociación ilícita.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, está terminando de definir el contenido del dictamen que enviará a la Corte Suprema, en el cual solicitará un endurecimiento de la pena impuesta a la ex mandataria Cristina Kirchner en el expediente conocido como Vialidad.
Su intención es que la condena, actualmente fijada en seis años de prisión por manejo fraudulento de fondos públicos, sea elevada a doce años, sumando el cargo de participación en una organización delictiva, junto con la imposición de una inhabilitación de por vida para ocupar funciones en la administración pública.
Voceros del ámbito judicial señalaron que Eduardo Casal tiene previsto formalizar su dictamen este jueves, si los tiempos lo permiten. “Se están terminando los últimos detalles y si se llega se presenta mañana”, indicó a este medio una persona involucrada directamente en el proceso.
Casal reafirmará la línea argumentativa que el fiscal de Casación, Mario Villar, ya elevó al máximo tribunal: que corresponde imputar el delito de asociación ilícita, incrementar las sanciones impuestas y anular las decisiones absolutorias dictadas previamente.
De esta manera, Casal emitirá un dictamen en el que solicitará que se imponga a Cristina Kirchner una pena de 12 años de cárcel por haber integrado una organización delictiva. La misma figura penal también se le atribuirá al empresario Lázaro Báez, al exfuncionario de Obras Públicas José López y al exdirector de Vialidad Nacional, José Periotti. Asimismo, pedirá que se anulen las decisiones judiciales que beneficiaron con la absolución al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y al expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro.
“El procurador va a seguir la línea de siempre de sostener los recursos de los fiscales. En muy contadas excepciones no lo hizo”, explicó una de las fuentes consultadas.
Una vez que Casal eleve su dictamen, la Corte Suprema quedará habilitada para emitir un fallo, y eso concentrará la atención política en torno a cuándo el tribunal superior tomará una decisión, especialmente en un contexto atravesado por un proceso electoral en el que Cristina Kirchner podría postularse como candidata a diputada nacional o a legisladora bonaerense. Cabe destacar que la Corte no tiene un tiempo límite para pronunciarse.
La expectativa será aún mayor respecto a los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, especialmente después de que el Senado rechazó la iniciativa conocida como Ficha Limpia, que de haber sido sancionada, habría bloqueado la posibilidad de que la expresidenta se presentara como candidata en el ámbito nacional. Eso, a su vez, habría reducido la presión sobre cuándo se expediría la Corte.
Por este motivo, el cronograma electoral adquiere una relevancia decisiva: el plazo para la presentación de listas nacionales vence el 17 de agosto, mientras que en la provincia de Buenos Aires la fecha límite es el 19 de julio.
La Corte Suprema enfrenta tres alternativas posibles tras recibir el dictamen de Casal. Una de ellas consiste en desestimar tanto la solicitud del Procurador como los recursos presentados por las defensas que buscaban la exoneración de los condenados. Si esa opción se concreta, las sentencias quedarán definitivamente firmes y listas para ser ejecutadas.
Esto significaría que Cristina Kirchner perdería la posibilidad de postularse a cargos electivos o de ejercer funciones públicas debido a la inhabilitación de carácter permanente, y además quedaría privada de su libertad, ya que la pena de seis años de prisión debería cumplirse de forma efectiva. Más adelante se definirá si la reclusión se realizará en un establecimiento penitenciario o bajo arresto domiciliario, considerando su edad (tiene 72 años, y la legislación contempla esa alternativa a partir de los 70, aunque su aplicación no es automática).
La segunda alternativa también llevaría al cierre definitivo del expediente. Esto ocurriría si la Corte Suprema decide respaldar los planteos de las defensas y declara inocentes a los imputados. En ese escenario, la condena contra la exmandataria quedaría sin efecto, y no existiría ningún obstáculo legal para que se presente como candidata.
La tercera opción implicaría una prolongación del proceso judicial. Se daría si el máximo tribunal respalda el dictamen del procurador Casal, considerando que corresponde aplicar la figura de asociación ilícita, ya sea porque la Cámara Federal de Casación Penal la descartó sin ofrecer fundamentos sólidos o porque hubo argumentos del Ministerio Público que no fueron debidamente respondidos.
En ese caso, la Corte podría devolver el expediente a Casación para que emita una nueva resolución. De ese modo, no se llegaría a una sentencia definitiva, ya que habría que esperar otro fallo que, además, podría volver a ser objeto de apelación ante la Corte. Un precedente reciente fue lo sucedido en la causa conocida como Oil Combustibles.
Bajo esta última hipótesis, el caso permanecería abierto y sin una condena firme, lo que también habilitaría a Cristina Kirchner a postularse en las elecciones. En caso de que la sentencia quede ratificada mientras la exmandataria se encuentra ejerciendo un cargo en el Congreso, deberá iniciarse un procedimiento para su desafuero, ya que su inmunidad parlamentaria impide que sea arrestada de manera inmediata.
La causa conocida como Vialidad fue remitida a la Corte Suprema a finales de marzo, luego de que el fiscal Villar y los abogados defensores presentaran recursos contra la decisión de la Cámara de Casación. El 16 de abril, hace casi un mes, el máximo tribunal trasladó el expediente al procurador Casal para que emitiera su opinión sobre la apelación impulsada por el Ministerio Público.
La Corte ahora deberá examinar la resolución dictada por la Cámara Federal de Casación Penal, que en noviembre del año pasado avaló parcialmente el fallo del Tribunal Oral Federal 2. En ambas instancias judiciales, por mayoría de votos, se concluyó que se había configurado el delito de administración fraudulenta, pero no se consideró acreditada la existencia de una asociación ilícita.
Los jueces confirmaron que entre 2003 y 2015, bajo las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, se produjeron anomalías en la adjudicación de 51 proyectos de obra pública en Santa Cruz, todos otorgados a compañías vinculadas a Lázaro Báez. Durante el desarrollo del juicio oral, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron como evidencia lo que denominaron el “plan limpiar todo”.
Se trataba de conversaciones halladas en el teléfono celular de José López, recuperadas tras su detención en junio de 2016 en un convento de General Rodríguez, cuando fue sorprendido con bolsos que contenían nueve millones de dólares. En esos intercambios por WhatsApp se detallan encuentros entre López y Cristina Kirchner, entre López y Báez, y también reuniones del empresario con la entonces jefa de Estado, en noviembre de 2015, pocos días antes de la asunción de Mauricio Macri.
En esos mensajes se menciona que Báez debía cobrar todas las deudas pendientes antes de que Cristina dejara la presidencia, con la intención de liquidar sus empresas una vez finalizado su mandato. Tanto el Tribunal Oral como la Cámara de Casación, con voto mayoritario, descartaron la existencia del delito de asociación ilícita, a pesar de que los fiscales lo habían planteado durante el debate oral.
Al recurrir a la Corte Suprema, el fiscal Villar cuestionó con dureza esa resolución, al considerar que “La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de diversas causales de arbitrariedad”.
Según expuso, el fallo está plagado de afirmaciones sin respaldo, análisis fragmentados, y omite tanto el contexto general como pruebas clave, lo que, a su entender, convierte a la resolución en nula y evidencia múltiples motivos para calificarla como arbitraria.
La representación legal de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, solicitó que se la declare inocente. Entre los fundamentos presentados, argumentaron que durante todo el desarrollo del juicio se habrían producido “alevosas violaciones a garantías constitucionales cometidas durante todo el trámite del proceso” y que los jueces habrían incurrido en una “grosera arbitrariedad en que incurrieron los magistrados al decidir la condena de nuestra defendida”.
Además, anticiparon que, en caso de que la Corte Suprema ratifique la sentencia, recurrirán a instancias internacionales. También plantearon la recusación del magistrado Ricardo Lorenzetti, cuestión que el máximo tribunal deberá evaluar.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
