La propuesta, que modifica el actual Código que rige desde 1921 y que sistematiza unas 900 leyes especiales, endurece las penas para casos de corrupción y narcotráfico así como para los episodios de robos por parte de motochorros, e introduce castigos para quienes arrojen piedras contra fuerzas de seguridad o interrumpan el tránsito.
En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya comenzó a levantar polvareda, no prevé eliminar la penalización, como proponía el proyecto que fracasó a mediados de 2018 en el Senado, sino que deja a criterio de cada juez la aplicación o no del castigo.
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