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SUSCRIBITEEn la CGT surgieron recelos y desconfianza tras la decisión de la UTA, que es liderada por Roberto Fernández. El paro está previsto para el 9 de abril.
En la CGT sospechan de un movimiento coordinado entre Roberto Fernández, titular de la UTA, y el gobierno nacional.
El tercer paro general impulsado por la CGT contra la gestión de Javier Milei comenzó a debilitarse incluso antes de llevarse a cabo. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, decidió respetar la conciliación obligatoria emitida por la Secretaría de Trabajo, la cual tendrá vigencia por dos semanas y busca frenar la protesta salarial de los conductores.
Dentro de la CGT crece la desconfianza hacia una posible maniobra conjunta entre Roberto Fernández, dirigente de la UTA, y la administración nacional, con el objetivo de restarle fuerza al paro general previsto para el jueves. La efectividad de la protesta está estrechamente ligada al compromiso de los sindicatos del transporte, cuyo respaldo resulta crucial para el éxito de la convocatoria impulsada por la central sindical.
Los únicos que no se sumarán plenamente serán los conductores de colectivos, quienes, tras la conciliación obligatoria dispuesta por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, optaron por "adherir al paro pero acatar la conciliación obligatoria" impuesta por el Ejecutivo.
"La conciliación obligatoria rige durante 15 días y el paro general de la CGT cae justo en el día 14. Tiene que acatar", señalaron desde la Secretaría de Trabajo. Desde la CGT sugieren que, más que un error inocente, la actitud de Fernández —al anunciar una protesta de choferes justo antes de la movilización nacional— facilitó que el Gobierno aplicara la conciliación por dos semanas, asegurando así que el transporte público opere con normalidad este jueves.
La huelga de colectivos, prevista para el viernes 28 de marzo como parte de una demanda por incrementos salariales, fue desactivada luego de que el Gobierno emitiera la conciliación obligatoria el jueves 27. Esta resolución dejó sin efecto cualquier protesta gremial por un lapso consecutivo de quince días.
El ministerio encabezado por Sandra Pettovello informó, mediante la Secretaría de Trabajo, la convocatoria a una instancia de conciliación obligatoria. Esta medida fue adoptada luego del pedido formal realizado por tres de las cuatro entidades empresariales que representan al sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), en cumplimiento con lo estipulado por la legislación actual.
La UTA no tardó en anunciar que, si bien respaldaba el paro general convocado por la CGT, necesitaba "consultar a los abogados del gremio" ante la resolución de la conciliación obligatoria. Finalmente, sin emitir un comunicado formal, la organización confirmó que el jueves los colectivos circularán, siguiendo la recomendación de sus asesores jurídicos, a pesar de que otras ramas del transporte como trenes, subterráneos y aviones sí se sumarán a la huelga.
Desde el entorno gremial advierten que desobedecer la conciliación implicaría exponerse a sanciones monetarias, cesantías y mayores dificultades en el marco de un gobierno que ya ejerce presión económica sobre los trabajadores a través del recorte de subsidios al sector empresarial.
Frente a la determinación de la UTA de respetar la conciliación obligatoria y mantener el servicio de colectivos este jueves, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezada por Juan Carlos Schmid, ratificó que se sumará al paro general convocado para el 10 de abril. En los días venideros, la central gremial llevará a cabo una conferencia de prensa en la que detallará el alcance de su participación en la medida de fuerza y expondrá públicamente cómo las decisiones del gobierno están afectando las condiciones laborales en el ámbito del transporte.
La conducción de la CGT ratificó que las acciones de protesta se iniciarán un día antes del paro general, con la participación en la marcha de los jubilados hacia el Congreso, lo que extenderá la manifestación a lo largo de 36 horas. Diversos sindicatos se sumarán a esta jornada de lucha. Esta será la tercera huelga desde el inicio del mandato de Javier Milei y tendrá como ejes el rechazo a las medidas económicas del oficialismo, la negativa al tope en las paritarias y la defensa del poder adquisitivo y los derechos previsionales.
La jornada de protesta dará comienzo a las 12 del mediodía del miércoles 9 de abril, momento en que todos los gremios que integran la CGT se concentrarán frente al Congreso para sumarse a la tradicional movilización de los jubilados, y culminará con la huelga prevista para el día siguiente.
Se tratará del tercer paro general desde que Javier Milei asumió la presidencia, luego de las medidas de fuerza del 24 de enero y el 9 de mayo. A través de sus redes sociales, la central sindical confirmó además que el "plan de lucha" seguirá con una gran manifestación el 1° de mayo, con motivo del Día del Trabajador.
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