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SUSCRIBITEContinúan los diálogos entre el gobierno y la contraparte parlamentaria en el Senado para aprobar la Ley Bases. Sigue la incertidumbre sobre el resultado final.
La insistencia de la UCR en dos artículos sin consenso político pone en riesgo la sanción de la Ley Bases en el Senado.
El ejecutivo está preparado para continuar reduciendo los avances en la actualización de la reforma laboral con el fin de lograr la aprobación de la Ley Bases. Sin embargo, la perseverancia de los legisladores de la UCR en incluir dos modificaciones sin el acuerdo de Unión por la Patria y una fracción de la oposición dialoguista amenaza la aprobación de la propuesta.
Durante las conversaciones con los diversos grupos del Senado, en las cuales está presente el secretario de Trabajo, Julio Cordero, los representantes del gobierno central comprendieron claramente que tanto la Ley Bases como el conjunto de medidas fiscales experimentarán modificaciones en el pleno cuando sean discutidos en la Cámara Alta.
En este momento, están esforzándose para evitar la inclusión de cualquier disposición que pueda obstaculizar o impedir su aprobación.
En un gesto de cooperación, el Ejecutivo consintió en que se ajuste, conforme a lo propuesto por la UCR, el artículo 93, el cual establece la figura del "trabajador independiente" capacitado para dirigir hasta otros 5 "trabajadores independientes" en la gestión de un proyecto productivo. El partido gobernante accedió a reducir de 5 a 2 los "trabajadores independientes" con el objetivo de promover el avance de la ley.
No obstante, en el grupo de legisladores radicales liderado por Martín Lousteau, se persiste en la propuesta de dos modificaciones adicionales que carecen de acuerdo en otros sectores y podrían poner en riesgo la aprobación de la Ley Bases.
Una de estas propuestas consiste en la abolición de las contribuciones solidarias, el mecanismo mediante el cual los sindicatos obtienen financiamiento a través de descuentos automáticos de una cantidad previamente acordada en los convenios colectivos de trabajo. La otra iniciativa busca reintroducir la penalización de los bloqueos sindicales contra las empresas.
Irónicamente, la edición primordial de la reforma laboral gubernamental, integrada en el Decreto de Necesidad y Urgencia número 70, consideraba la restricción (en lugar de la prohibición) de las contribuciones solidarias y las sanciones en contra de los bloqueos, sin embargo, estos dos puntos fueron acordados por los libertarios para ser suprimidos de la Ley Bases con el propósito de agilizar su aprobación.
Las conversaciones fueron lideradas por Miguel Ángel Pichetto, líder del grupo de Hacemos Coalición Federal, quien consiguió reducir los 58 artículos de la modernización laboral a solo 16, excluyendo los puntos que eran cuestionados por el sindicalismo. "Nada que afecte a la CGT" fue el lema adoptado por Pichetto y otros opositores dialoguistas para fundamentar su posición.
Los parlamentarios que adoptan una posición más desfavorable hacia el sindicalismo expresan su pesar por la continua disposición del Gobierno para aprobar las leyes promovidas por Javier Milei, aceptando modificaciones que coinciden con las demandas de la CGT, a pesar de que el verdadero objetivo del poder sindical es hacer fracasar la ley.
La versión de la Ley Bases aprobada el 30 de abril por la Cámara de Diputados fue recibida con satisfacción por Hugo Moyano y los líderes sindicales, ya que se preservó la "caja sindical" al suprimirse el artículo sobre las contribuciones solidarias, además de garantizarse la protección de las acciones extorsivas al eliminarse las penalizaciones por los bloqueos a empresas.
El Gobierno accedió a retirar otros artículos del apartado laboral de la Ley Bases a solicitud expresa de los líderes sindicales. Entre estos estaban la restricción de la prolongación automática de los convenios colectivos, la regulación del derecho de huelga en los servicios fundamentales como educación, salud y transporte, las modificaciones en el régimen del trabajo remoto y las sanciones para las reuniones de empleados que derivan en acciones de fuerza ocultas.
No obstante, la CGT evaluó que, a pesar de la significativa reducción de la reforma laboral impulsada por los libertarios, todavía persisten aspectos en la Ley Bases que “afectan los derechos de los trabajadores”.
Un aspecto que los representantes sindicales califican como "inaceptable" es precisamente el artículo que establece la categoría de "trabajador autónomo". Otro punto de preocupación es el artículo 91 de la propuesta, el cual aborda el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, pero, según critica la dirigencia gremial, no establece una “reparación integral” de la cesantía y “no determina la reinstalación” del trabajador.
La CGT también objeta una serie de ajustes contemplados en la Ley Bases en relación al sistema laboral de los funcionarios públicos. Por ejemplo, la versión aprobada en la Cámara de Diputados mantiene sin cambios la restricción que impide a los sindicatos cobrar la contribución solidaria mediante el convenio colectivo, exigiendo que los empleados no afiliados otorguen su consentimiento explícito para realizar deducciones salariales.
El ambiente en torno a la deliberación de la Ley Bases en el Senado se caracteriza por una gran incertidumbre. En caso de que la propuesta sea rechazada, no podrá volver a ser discutida durante un año. Si retorna con modificaciones a la Cámara de Diputados, cada cambio deberá ser votado individualmente. La tercera alternativa, la cual todos han descartado, sería que el Senado apruebe los textos tal como fueron aprobados por la Cámara Baja, convirtiéndolos en leyes.
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