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SUSCRIBITEEntre octubre y el 7 de diciembre, se registró la designación de más de 1.200 empleados en el ámbito estatal, según lo indicado en el Boletín Oficial.
Pocas horas previas al anuncio por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, de las primeras 10 medidas del ajuste liderado por Javier Milei el martes, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había anticipado que el Gobierno examinará minuciosamente todos los contratos y designaciones en el ámbito estatal del año pasado efectuadas por Alberto Fernández.
“Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse”, sostuvo en su segunda conferencia de prensa matutina el martes pasado", expresó el vocero.
De acuerdo con el análisis llevado a cabo sobre el Boletín Oficial de la República Argentina (BOAR) entre el 1 de octubre pasado y el 7 de diciembre, se registraron, como mínimo, 1.227 ingresos a empleos permanentes durante la administración de Alberto Fernández. Esta cantidad es más del doble de las 504 designaciones realizadas en los últimos dos meses del mandato de Mauricio Macri, según lo consignado en el BOAR en ese mismo lapso a finales de 2019.
Desde diversas entidades gubernamentales implicadas, se comunicó a esta fuente que las incorporaciones a la nómina de empleados permanentes hacia el final del mandato saliente correspondieron a individuos que ya desempeñaban funciones como contratados desde hace un periodo significativo.
Estos empleados participaron en concursos internos, por lo que no se habría producido un aumento neto en la fuerza laboral total. La solicitud para la transición de los empleados estatales contratados con cierta antigüedad a empleados permanentes en la Administración Pública Nacional ha sido una demanda histórica de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
El Ministerio de Desarrollo Social lideró en cantidad de nombramientos durante los dos meses previos al cierre de la gestión, totalizando 782 designaciones. Estas fueron formalizadas mediante 24 resoluciones suscritas por la titular de dicho ministerio, Victoria Tolosa Paz, entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre pasado, justo antes de su transición a la banca de diputada nacional.
El número exacto no es definitivo, ya que la Resolución Nro 2313/2023, publicada en el BOAR el 28 de noviembre, no incluyó el Anexo con el listado de nombramientos, lo que sugiere que la cifra es aún mayor. Cabe destacar que el Boletín Oficial está bajo la jurisdicción de la Secretaría Legal y Técnica, en ese momento a cargo de Vilma Ibarra.
En respuesta a la indagación de Infobae, en su círculo cercano proporcionaron aclaraciones, señalando que “los pases a planta se materializaron en función del descongelamiento de vacantes dispuesto por la Jefatura de Gabinete de Ministros en una decisión administrativa del año 2020, donde se sustanciaron concursos internos para que los agentes pudiesen probar y comprobar sus aptitudes a través de un proceso de selección donde se evalúa de manera teórica y práctica su formación, su capacidad técnica y su antigüedad”.
Aseguraron que “son personas que, de base, tienen 5 años como contratados y en base a dicha evaluación se le reconoce el derecho a la estabilidad que está reconocido por la Constitución Nacional”. Por último, justificaron esas decisiones en el hecho de que “las personas que se incorporan ya estaban dentro de la estructura y lo único que cambia es su modalidad de contratación”.
Se solicitó la opinión del experto en derecho constitucional, Félix Lonigro, acerca de lo dispuesto en la Constitución: “Hay un precepto constitucional previsto en el artículo 14 bis en el que se le asegura a todos los empleados públicos estabilidad. Esto genera en la sociedad la percepción de que no se los puede echar. Y la verdad es que ese derecho de tener estabilidad, como cualquier otro, tiene sus limitaciones. Ningún derecho se ejerce en forma absoluta y las limitaciones a la estabilidad del empleo público están establecidas por la Ley de Empleo Público y sus decretos reglamentarios”.
Conforme al análisis efectuado del Boletín Oficial, en el segundo puesto en cuanto a la cantidad de nombramientos en los últimos dos meses se encuentra la Jefatura de Gabinete, con 96 incorporaciones a la planta permanente, seguida por la Junta de Seguridad en el Transporte, con 75. Desde el organismo que estaba bajo la dirección de Agustín Rossi durante el gobierno del Frente de Todos, se argumentó que “no son un pase a planta automático”, sino que se trata de “concursos que se iniciaron a mediados de 2022″ durante la gestión de Juan Manzur.
En esa línea, aseguraron que “se cumplió con todo el proceso administrativo” en forma “transparente”. Según lo indicado, “el concurso se hizo a mediados de año, luego se hizo el orden de mérito y se informaron quienes habían logrado completar satisfactoriamente el concurso y todos los demás requisitos. Los trabajadores tenían que tener como mínimo 5 años de antigüedad para los profesionales y 10 para los no profesionales”.
Por otro lado, representantes del sector de Transporte de la administración anterior indicaron que la Junta de Seguridad en el Transporte opera como un organismo descentralizado que sustituyó, mediante una legislación aprobada en 2019, a la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC). Además, esta nueva entidad amplió sus atribuciones abarcando no solo el transporte aéreo, sino también el marítimo, fluvial, ferroviario y automotor en todo el territorio nacional.
“La JST sumó profesionales para poder dar respuesta a los sucesos que ocurren en el territorio nacional, de esta manera incorporó a técnicos, profesionales y especialistas en todos los modos de transporte en las distintas regiones argentinas”. Y destacaron que la JIACC contaba con solo 120 empleados originalmente, y que la JST pasó a tener 533 trabajadores este año “para afrontar las necesidades técnicas e investigativas del interior del país”.
En la lista de designaciones de último momento en la nómina de empleados de planta permanente, se encuentran el Ministerio de Desarrollo Territorial y Vivienda, bajo la dirección de Santiago Maggiotti, con un total de 73 nombramientos; el Ministerio de Justicia, con Martín Soria como su último encargado, registrando 63 designaciones; el Ministerio de Educación, que estuvo a cargo de Jaime Perczyk hasta el 9 de diciembre, con un total de 51; y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, perteneciente a la Secretaría de Agricultura, con un registro de 47 designaciones.
Con un total inferior a veinte nombramientos en la plantilla durante los dos meses más recientes, destacan la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, vinculada al Ministerio de Seguridad, con un registro de 15; la Dirección Nacional de Migraciones con 14; el Ministerio de Obras Públicas con 6; y el Ministerio de Turismo y Deportes con 5 designaciones.
Lonigro identificó tres clasificaciones de funcionarios públicos: aquellos ocupando posiciones políticas, desempeñándose como asesores de un funcionario de alto rango y se espera que cesen con el cambio de administración; los contratados por plazos específicos; y aquellos sujetos al régimen de estabilidad. No obstante, señaló que esta estabilidad es "condicional" en una fase inicial, ya que deben superar un período de evaluación que podría prolongarse hasta 14 meses.
“Cuando un empleado ingresa a trabajar en alguna dependencia pública nacional, tiene un período de prueba, además de cumplir los requisitos de aptitud psicofísica y técnica. Y después de un año, para poder ingresar a planta permanente, necesita un acto administrativo expreso de la autoridad del área donde trabaja. Ese acto administrativo se puede producir dentro de los 30 días de terminado ese año de prueba. Si dentro de esos 30 días, no llega la ratificación expresa, cumplidos otros 30 días, la incorporación se produce de manera tácita”, señaló.
“Después de esos 14 meses -prosiguió-, aún cuando el empleado ya esté incorporado, la estabilidad también es relativa. Porque si hay, por ejemplo, un plan de reestructuración como el que está habiendo ahora, a esos empleados públicos - así tengan un año, 10, 20 o 30 en la administración pública-, se los puede poner en disponibilidad. Disponibilidad significa que se le sigue pagando el sueldo de su misma categoría durante seis, nueve o 12 meses, dependiendo de la antigüedad del empleado público".
Ene se sentido, continuó: "Según el nivel que tenía, se trata de reubicarlo dentro del esquema de reestructuración. Y si no hay posibilidad de reubicarlo al cabo de esos seis, nueve o 12 meses, se lo indemniza y ahí el trabajador no tiene la la facultad de decir que no quiere la indemnización. De modo que los empleados públicos tienen estabilidad pero no es absoluta”.
Este docente especializado en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires dejó en claro que “al igual que un empleado privado, al empleado público se lo puede despedir con una causa comprobable. No hay diferencia entre el empleo público y el privado, porque a los dos se los puede echar. La única diferencia formal con el empleado privado es que se requiere un sumario previo”.
Se añadió que dentro del ámbito privado, el empleador tiene la facultad de despedir a un empleado sin motivo justificado, siempre y cuando proceda a compensarlo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, sin que el trabajador tenga derecho a formular reclamaciones.
“Ese despido es válido porque falta de causa está cubierta por la indemnización. En el empleo público, en principio, al trabajador de planta únicamente se lo puede echar con causa. Esto es así porque funciona, de algún modo, como una protección porque tiene cada cuatro años una autoridad distinta. Entonces, si dentro de cuatro años no sabe si el que viene lo va a echar, tal como pasa con un privado, ni siquiera puede sacar un crédito porque no tiene ningún tipo de seguridad laboral”.
Adicionalmente a las designaciones como empleados de planta permanente en el ámbito estatal al aproximarse al cierre de la administración de Fernández, se llevaron a cabo actualizaciones de acuerdos contractuales para el personal público desempeñándose en la estructura temporal durante un lapso de doce meses, desde enero hasta diciembre de 2024. Un ejemplo de ello fue la ex ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien, mediante la resolución 3966/2023, rubricó la disposición de la renovación de los contratos laborales.
Esto se produjo “con el objeto de desarrollar diferentes actividades en el ámbito de las distintas Secretarías y Subsecretarías”. No obstante, la determinación registrada el 28 de noviembre no fue difundida a través del Boletín Oficial, ni se publicó el Anexo que detallara la nómina de beneficiarios de la medida, sino que se emitió de manera directa desde su cartera ministerial. De manera sorprendente, tampoco figura en el portal electrónico del Ministerio, específicamente en la sección destinada a las normativas, decretos y resoluciones asociadas a dicha área.
La decisión fue recibida con entusiasmo por la división vinculada a la salud dentro del sindicato estatal ATE, expresando su aprobación en la sección de Facebook: “Tal como lo venimos exigiendo desde ATE SALUD, en el día de hoy la Ministra Carla Vizzoti (sic) firmó la renovación de los contratos que se encuentran en el marco del dec 214/06 y 1109. Creemos que la renovación para el ejercicio 2024 es un paso necesario para enfrentar la etapa que se viene”, escribió el gremio.
El decreto 214/056 valida el Acuerdo Convenio de Trabajo General aplicable a la Administración Pública Nacional. Por otro lado, el decreto 1109 del año 2017 concede la facultad a los funcionarios de nivel jerárquico para contratar a profesionales independientes -usualmente bajo la modalidad de locaciones de servicios -, “necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales” por un plazo que no exceda los 12 meses “siempre que no exceda el período presupuestario en curso”. El plazo de renovación de esos contratos excedía largamente el 2023.
El día de ayer, ATE Capital comunicó que sostuvieron un encuentro con Guillermo Francos, Ministro del Interior, en respuesta a los pronunciamientos de Caputo para exponerle “el problema de la pérdida de salario de las y los estatales” y su preocupación ante posibles despidos.
“Le solicitamos que se conforme una mesa de trabajo. Mucho de lo que ellos llaman contratos políticos son compañeros con antigüedad que cambiaron de sistema de contratación, cupos de discapacidad y cupo travesti trans. Nuestro rol es defender el trabajo estatal, no pensamos ceder en eso. El ajuste no lo pueden pagar los trabajadores”, señalaron tras el encuentro.
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