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SUSCRIBITETiene ocho denuncias en su contra, cinco por acoso sexual. El juez fue notificado de los cargos ante el Consejo de la Magistratura hace una semana y los niega.
Quién es el juez que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei.
El juez federal civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó impedir la difusión de los supuestos audios de Karina Milei, supuestamente grabados en la Casa Rosada, enfrenta ocho denuncias ante el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas vinculadas a presuntos casos de acoso sexual hacia sus empleadas.
En septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) celebró la implementación de “una consigna policial en el horario laboral” dentro del juzgado de Maraniello, con el objetivo de garantizar la protección del personal que allí trabaja.
El juez recibió formalmente la notificación de los cargos presentados en su contra, conforme al artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, que preside el consejero y abogado César Grau. Según informaron allegados al magistrado, él rechaza de manera categórica todas las imputaciones y sostiene que se trata de acusaciones infundadas.
A diferencia de lo que ocurre en la Comisión de Acusación, donde se puede iniciar un juicio político, en la Comisión de Disciplina se analizan sanciones de menor gravedad, como la posible deducción de una parte de su salario.
De acuerdo con el procedimiento establecido, Maraniello recibió la notificación el pasado 19 de agosto, a partir de la cual dispone de un período de 20 días para presentar su defensa por escrito, designar un abogado, aportar pruebas y expresar cualquier consideración que estime necesaria.
Entre los cinco expedientes abiertos por presunto acoso sexual, sobresale el relato de una empleada que aseguró haber sido hostigada por el juez a menos de siete días de haber iniciado su trabajo en el juzgado.
La mujer afirmó que accedió a encuentros con el magistrado fuera del entorno laboral por miedo a perder su trabajo. Sin embargo, según su relato, durante esas ocasiones sufrió tocamientos y besos sin su consentimiento. Posteriormente, declaró haberse visto obligada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación.
En otro expediente, una empleada del mismo juzgado aseguró haber recibido mensajes por redes sociales del juez, además de comentarios sobre su forma de vestir, miradas inapropiadas y maltrato al negarse a cumplir pedidos ajenos a sus funciones laborales.
La denunciante detalló que los episodios se prolongaron en el tiempo, con acercamientos físicos forzados y comentarios fuera de lugar, lo que la llevó a medicarse y a tener pensamientos suicidas antes de animarse a presentar la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.
El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde la víctima reafirmó sus declaraciones, aunque manifestó que no tenía intención de impulsar acciones penales.
A pesar de ello, la fiscal Mariana Labozzetta evaluó que, dado que se trata de un funcionario judicial, podrían configurarse delitos de acción pública, por lo que el expediente fue derivado a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli.
Mientras tanto, la Comisión de Disciplina seguirá examinando las pruebas y analizando los hechos denunciados en el marco del procedimiento interno, que podría culminar en sanciones administrativas o, en última instancia, en un pedido de remoción del magistrado, en caso de que alguno de los expedientes llegue a la Comisión de Acusación.
Actualmente existen ocho causas abiertas contra el juez, cinco de ellas relacionadas con acoso sexual. Gran parte de estos expedientes están conectados, ya que incluyen actuaciones enviadas por la Cámara Contencioso Administrativo y la Oficina de Bienestar, que remitieron los casos para su consideración.
Toda la documentación vinculada a las denuncias presentadas contra el magistrado se encuentra en anexos de carácter reservado, lo que impide su consulta pública y limita el acceso a los detalles de cada expediente.
Entre los cargos que se le imputan figuran presunto abuso de autoridad, acoso laboral y sexual, trato indebido hacia los empleados, utilización inapropiada de recursos del Estado y violación de las normas que regulan la Justicia Nacional.
Por su parte, el sindicato Aefpjn manifestó en su presentación que, “a medida que las autoridades y profesionales de este sindicato afectados a la asistencia de víctimas se van entrevistando con personas que son o han sido dependientes del Dr. Maraniello van tomando conocimiento de más y más casos en tiempos distintos y por situaciones diferentes”.
El gremio puso de relieve la situación de vulnerabilidad de la empleada, destacando que es hija de un camionero —circunstancia que, según la denuncia, el magistrado habría mencionado con un tono despectivo—, su condición de trabajadora interina, la dependencia de ese empleo para su sustento y su rol como estudiante de Derecho, siendo la primera persona de su familia en cursar estudios universitarios.
Por otro lado, el juez mantiene un sitio web en el que se publicitan noticias sobre los premios y distinciones recibidos, además de un extenso currículum que incluye más de veinte libros publicados. En ese espacio también se resalta su desempeño como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.
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