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SUSCRIBITEEl decreto de austeridad en Salta fue firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y regirá por seis meses para reorganizar las cuentas públicas.
La vocera del gobierno de Salta, Paula Benavides, convocó a conferencia de prensa ayer para informar que el gobernador Gustavo Sáenz firmó un decreto de austeridad por 180 días ante la caída de la coparticipación, con el objetivo de reorganizar las cuentas públicas sin trasladar el ajuste a los sectores más vulnerables.
La vocera del gobierno de Salta, Paula Benavides, convocó a conferencia de prensa ayer para informar que el gobernador Gustavo Sáenz firmó un decreto de austeridad por 180 días ante la caída de la coparticipación, con el objetivo de reorganizar las cuentas públicas sin trasladar el ajuste a los sectores más vulnerables.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un decreto de austeridad por 180 días ante la caída de la coparticipación nacional. La medida fue presentada por el Gobierno provincial como una herramienta para reorganizar las cuentas públicas sin trasladar el ajuste a los sectores más vulnerables.
De acuerdo con la información oficial, el decreto dispone el congelamiento de salarios de funcionarios, la suspensión de contrataciones de personal y una reducción de gastos administrativos. También invita a los otros poderes del Estado a adoptar criterios similares.
Entre los principales puntos, la normativa establece el congelamiento total de las remuneraciones de funcionarios, alcanzando al gobernador, jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades superiores. La medida también se extiende a organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.
Además, quedaron prohibidas las comisiones de servicio fuera del país, salvo casos de estricto interés provincial o situaciones de emergencia, y se suspendieron los gastos vinculados a cortesía y protocolo. El decreto también ordena revisar y renegociar, en un plazo de hasta 60 días, todos los contratos en moneda extranjera vinculados a bienes y servicios.
A esto se suma un esquema de rendición mensual de cuentas para los organismos descentralizados ante el Ministerio de Economía, junto con un control más estricto sobre el parque automotor oficial, especialmente en consumo de combustible y uso de vehículos.
La explicación oficial apunta a una marcada disminución de los recursos coparticipables, que el Ejecutivo provincial vincula a la caída del consumo. En ese contexto, la vocera de Gobierno, Paula Benavides, sostuvo que el ajuste estará enfocado en el gasto administrativo.
En paralelo, la cobertura publicada este jueves remarcó que la baja de la coparticipación impactó de lleno en la administración provincial y que el Ejecutivo resolvió avanzar por decreto con un paquete de contención del gasto.
El Gobierno salteño aseguró que, pese al decreto, seguirá sosteniendo áreas que considera prioritarias, como el subsidio al transporte, el pago del incentivo docente y el acompañamiento a instituciones que trabajan con personas con discapacidad. También mencionó la continuidad de la asistencia social y sanitaria, especialmente en contextos de emergencia climática.
Dentro de ese planteo, la Provincia mencionó que mantiene subsidios totales de servicios públicos para algunas instituciones y que sigue afrontando gastos en distintos frentes, mientras reclama por compromisos pendientes de Nación. También advirtió sobre el impacto económico local de la eliminación del programa Volver al Trabajo, que según el Gobierno salteño afecta a 53.000 beneficiarios en la provincia.
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