Protocolos por amenazas de tiroteo: no hallaron elementos y habrá sanciones para los responsables

Sanciones a los responsables

Ante las repetitivas amenazas halladas en baños de las instituciones educativas, el ministro de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, puntualizó que toda amenaza, intimidación o incitación al desorden público constituye un delito y será sancionada conforme a la normativa vigente.

"Estas situaciones implican un importante despliegue de recursos humanos y materiales del Estado, por lo que se advierte que las falsas amenazas —incluidas aquellas difundidas como bromas en redes sociales— también son penalmente sancionables", indicó.

Las amenazas podrían tener penas de hasta seis años de prisión

Tal como indicó a Canal 4 el fiscal del MPA, Ernesto Lían Resúa, el delito de amenazas de tiroteo son tipificadas mediante la pena prevista en el artículo 211 del Código Penal establece una condena de entre 2 y 6 años de prisión.

“Si se trata de una persona que tiene 18 años de edad, esta es la pena a la que enfrenta. Si estamos hablando de adolescentes, de menores de esta edad, entran a jugar determinadas atenuantes o salidas alternativas, como lo establece nuestra norma procesal penal, la ley 6.357, que busca resocializar, o sea, darle otro tono al delito”, detalló Resúa.

Reforzarán las medidas de cuidado dentro de las instituciones educativas

En tanto, desde el Ministerio de Educación se dispuso reforzar las medidas de cuidado dentro de las instituciones educativas, fortaleciendo la presencia de equipos docentes, el rol de preceptores y el acompañamiento de los equipos directivos, a través de lineamientos enviados a supervisores y directivos.

Por ese motivo se trabaja de manera sostenida en la incorporación de nuevas acciones que serán anexadas al protocolo vigente (Resolución N° 7621), el cual regula las intervenciones ante situaciones que requieren resguardo y prevención.

Por último, convocaron a las familias a asumir un rol activo en este contexto, reforzando el diálogo, la cercanía y el seguimiento cotidiano de niñas, niños y adolescentes, incluyendo el control sobre el uso de redes sociales y los elementos que trasladan a las instituciones. “El cuidado debe ser una construcción conjunta entre escuela y familia”, remarcó.