Este jueves la Corte Suprema decidió por mayoría no aceptar el pedido de licencia de Ariel Lijo en su juzgado federal para que asuma en el máximo tribunal.
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SUSCRIBITELos jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla se opusieron a que el juez federal asuma en el máximo tribunal.
Este jueves la Corte Suprema decidió por mayoría no aceptar el pedido de licencia de Ariel Lijo en su juzgado federal para que asuma en el máximo tribunal.
De acuerdo a lo dispuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, Lijo no puede asumir en la Corte Suprema sin renunciar antes al cargo que tiene en la justicia federal. Pero el juez federal ya hizo saber que no piensa renunciar a su cargo y que esperará la aprobación del Senado.
De esta manera, el decreto presidencial con la designación del magistrado quedó en suspenso.
Cabe destacar que Ariel Lijo, designado por decreto en el alto tribunal por el presidente, Javier Milei, junto a García-Mansilla, se enfrenta a la decisión de tener que renunciar a su cargo de juez federal si quiere asumir.
El obstáculo es que el puesto en la Corte solo estaría firme hasta fin de año y su pliego todavía puede ser rechazado por el Senado.
En caso de que el magistrado decida permanecer en su cargo en Comodoro Py, el Gobierno debería enviar al Congreso un nuevo pliego con otro candidato para completar la Corte Suprema.
A partir de esta decisión, la suerte de Lijo está puesta únicamente en el Senado. Si la Cámara Alta decide reunirse para tratar su pliego, el juez a cargo del juzgado federal 4 podría a ingresar a la Corte de manera vitalicia. Lijo ya obtuvo dictamen a favor de la Comisión de acuerdos pero el tratamiento de su pliego sigue demorado.
Su pliego de Lijo, que inicialmente contaba con el respaldo necesario para ser aprobado, quedó en suspenso tras el escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, lo que llevó a aliados y opositores a reconsiderar su apoyo.
Por otro lado, el pliego de García-Mansilla no alcanzó las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos, lo que obliga a la oposición a reunir dos tercios de los votos en el recinto para su aprobación. A pesar de haber jurado como juez, su nombramiento está sujeto a un plazo de un año lo que refuerza la fragilidad de su posición.
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