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SUSCRIBITESe implementarán castigos más estrictos, se publicará un listado transparente de desempeño y se aplicarán parámetros claros. Todos los detalles.
Las obras sociales deberán responder en tiempo y forma ante reclamos por cobertura.
Luego de una extensa demora, la Superintendencia de Servicios de Salud puso en marcha un mecanismo renovado para tramitar reclamos, irregularidades administrativas y penalizaciones dirigidas a las obras sociales y prepagas. Esta transformación profunda apunta a ofrecer soluciones más ágiles y eficaces a quienes forman parte del sistema sanitario nacional.
La modificación más relevante radica en que las organizaciones deberán atender las denuncias en un lapso máximo de 30 días hábiles a partir de la notificación.
También estarán obligadas a contestar los pedidos del ente regulador en un término que no supere los cinco días corridos. En el esquema anterior, los trámites podían prolongarse hasta dos años sin que hubiera consecuencias concretas.
Uno de los aspectos centrales del procedimiento actualizado es la incorporación de parámetros claros y penalidades ajustadas a la magnitud de la infracción y a la frecuencia con que se repite. Esta modificación elimina un esquema anterior caracterizado por la falta de claridad, donde las resoluciones solían estar influenciadas por decisiones discrecionales y criterios poco definidos.
Además, el nuevo marco normativo implica un impacto económico concreto: las penalizaciones se determinan mediante un sistema de módulos cuyo valor está vinculado al haber mínimo de un jubilado.
De acuerdo con la normativa que entró en vigor en mayo de 2024, las multas pueden oscilar entre cinco y 100 módulos, lo que actualmente puede superar los 30 millones de pesos por cada falta. Antes de esta actualización, las entidades del sector podían eludir consecuencias pagando de forma voluntaria apenas 35 mil pesos.
Otro cambio relevante es que las penalizaciones pasarán a ser visibles para todos. La Superintendencia pondrá en marcha un sistema de clasificación que ordenará a las instituciones según su nivel de cumplimiento, permitiendo así que los afiliados puedan identificar qué prestadores acatan sus obligaciones y cuáles presentan irregularidades. El objetivo es fomentar decisiones informadas a la hora de elegir cobertura, promoviendo una competencia genuina y reconociendo a quienes actúan con responsabilidad.
Esta iniciativa también apunta a que el organismo recupere de forma plena su función de control. Con el nuevo enfoque, la responsabilidad de probar el cumplimiento recaerá ahora en las propias obras sociales y empresas de medicina prepaga, que deberán justificar que actúan conforme a la normativa.
Al mismo tiempo, se busca reducir la judicialización de los conflictos en salud, una problemática de fondo que recarga al sistema y muchas veces impide que los pacientes obtengan soluciones en tiempo y forma.
La nueva estrategia también contempla la defensa de quienes actúan conforme a las normas. El objetivo de la Superintendencia es construir un entorno equitativo que reconozca la eficiencia y el cumplimiento, al tiempo que aplique sanciones proporcionales a los infractores. Así, se busca restaurar la confianza en el sistema y proteger los derechos de los afiliados.
Esta iniciativa se inscribe en una transformación más profunda orientada a reorganizar el funcionamiento del sector, promover reglas claras y fomentar una competencia sustentada en la calidad de las prestaciones, dejando de lado privilegios discrecionales o tratos preferenciales sin justificación.
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