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SUSCRIBITEEl argentino Nahuel Gallo permanece detenido en El Rodeo I. Reclaman su liberación y cuestionan la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela.
Nahuel Gallo.
La situación de Nahuel Agustín Gallo volvió a ocupar el centro de la escena tras la denuncia pública de su esposa, quien informó que el gendarme argentino inició una huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo I, en las afueras de Caracas. La medida, según indicó, también involucra a otros detenidos que quedaron excluidos de la reciente Ley de Amnistía impulsada por el Parlamento de Venezuela.
Gallo se encuentra detenido desde el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó ingresar al país para visitar a su familia en la frontera con Colombia. Desde entonces, su caso generó reclamos por parte de allegados y organizaciones que cuestionan su situación procesal.
La denuncia la realizó María Alexandra Gómez a través de redes sociales, donde apuntó contra las autoridades del penal y referentes del gobierno venezolano. En su mensaje expresó que la situación “cruzó el límite de lo inhumano” y exigió la liberación inmediata del argentino.
La huelga de hambre surge en el contexto de la promulgación de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela. La normativa promete beneficiar a personas detenidas por motivos políticos desde 1999 hasta 2026, aunque distintos sectores denuncian exclusiones.
Según expuso Gómez, su esposo no figura entre los beneficiados por la ley. En ese marco, responsabilizó al director del penal y a autoridades nacionales por cualquier situación que pueda afectar la integridad de los detenidos.
También reclamó intervención de organismos internacionales ante lo que describió como una vulneración de derechos fundamentales. La esposa del gendarme sostuvo que Gallo permanece en condición de desaparición forzada desde hace 441 días.
El director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, informó que, según familiares, cerca de cien presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo I. La entidad indicó que intenta verificar la información.
Por su parte, la activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, señaló que entre los manifestantes hay militares, civiles y extranjeros. El reclamo central gira en torno a la libertad y a la revisión de los casos excluidos de la amnistía.
Romero cuestionó la exclusión de militares procesados y afirmó que la aplicación selectiva de la ley genera un trato desigual. Según datos difundidos por la organización, al menos 400 personas quedarían fuera del beneficio.
Familiares de detenidos mantienen un acampe desde hace más de un mes y medio frente al penal El Rodeo I y otros centros de reclusión. Exigen celeridad en las excarcelaciones y mayor transparencia en los procedimientos.
En declaraciones recogidas por la agencia AFP, allegados a los presos expresaron su frustración ante la falta de información oficial y las demoras en la aplicación de la ley. Denunciaron restricciones en el acceso a visitas y ausencia de comunicaciones formales.
Desde el Parlamento, el diputado Jorge Arreaza informó que la Fiscalía General presentó 379 solicitudes de amnistía ante los tribunales. Indicó que la mayoría corresponde a Caracas. En tanto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez solicitó rapidez en el tratamiento de los casos no incluidos en la norma.
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