El presidente Evo Morales no podrá participar de las elecciones que se realizarán en Bolivia en 2025 producto de una decisión por parte del Tribunal Constitucional de Bolivia. Esta sentencia especifica que un presidente, vicepresidente, diputados o senadores no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua.
Qué indica esta decisión
La sentencia, que estipula que la reelección indefinida "no es un derecho humano", fue emitida a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin posibilidad de apelación, y anula un dictamen emitido por el mismo Constitucional en 2017.
El dictamen incluye a también gobernadores y alcaldes que hayan sido electos desde la entrada en vigencia del actual texto constitucional, es decir, desde 2009.
Concretamente, la sentencia impide a Evo Morales ser candidato a presidente en los próximos comicios, tal como lo postula un sector del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
Cabe recordar que Morales está enfrentado con el actual mandatario Luis Arce, de su mismo partido, y ya ejerció durante tres periodos continuos entre 2006 y 2019.
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, dijo que la sentencia es un impedimento para que ningún "aprendiz de tirano pisotee el voto o desconozca un referendo acabe haciendo fraude con la sola intención de perpetuarse en el poder".
El líder opositor, en esa época, presidía el comité cívico de Santa Cruz y pidió públicamente a Morales su dimisión, tras acusarlo de promover un fraude electoral ese año para quedarse en el Gobierno hasta 2025.
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Camacho anunció entonces que iría hasta las oficinas de Morales para que firmara una carta de renuncia, que la llevaría en la mano izquierda, y la Biblia en la mano derecha. Según él, la administración de entonces gobernaba alejada de los principios bíblicos.
El gobernador llegó a La Paz el 10 de noviembre de 2019, pero Morales ya había dimitido desde la región cocalera del Chapare, y días más tarde partiría hacia México. Janine Áñez, encarcelada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución vinculados a las acusaciones de golpe de Estado, asumiría días después la Presidencia.
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