Daniel Passarella, quien estuvo al frente de River entre 2009 y 2013, fue imputado oficialmente junto con otras 30 personas en una investigación judicial por supuestas maniobras de administración fraudulenta, irregularidades financieras y promoción de la conformación de grupos violentos durante su presidencia.
El exjugador y el resto de los involucrados tendrán que enfrentar un proceso judicial por presuntas actividades delictivas que incluyen la comercialización clandestina de localidades, la apropiación indebida de recursos, irregularidades en las transferencias de futbolistas y presuntos vínculos con integrantes de la barra brava.
La nómina de imputados también incluye a Diego Turnes, quien ocupaba la vicepresidencia durante aquella gestión, además de antiguos directivos, agentes policiales y miembros de la hinchada violenta. De acuerdo con las disposiciones del Código Penal, las condenas por estos hechos podrían llegar a los 12 años de cárcel.
El detalle de las acusaciones contra Passarella y su equipo
De acuerdo con las hipótesis que maneja la causa, durante la presidencia de Passarella se habría comercializado ilegalmente un promedio de 1500 localidades por encuentro, una práctica que habría ocasionado importantes pérdidas económicas para la institución.
El conjunto de las imputaciones está relacionado con posibles perjuicios patrimoniales contra River, principalmente por las consecuencias financieras que habrían tenido esas operaciones durante aquel período.
El proceso judicial contempla presuntas estafas reiteradas, irregularidades en las negociaciones y transferencias de futbolistas, así como posibles acuerdos con integrantes de la barra brava, quienes también forman parte de la lista de acusados.
Cuándo será el juicio oral y quién llevó adelante la investigación
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 estableció que el juicio abierto a la participación del público comenzará el 15 de febrero de 2027, a pocos meses de que venza el plazo legal para que los delitos investigados prescriban.
El caso tuvo su origen en una presentación judicial realizada en 2012 y quedó bajo la investigación del fiscal José María Campagnoli.
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