El Gobernador dispuso separar a los policías que actuaron en Agrarias

De esta manera, Morales condenó el cuestionado operativo policial que detuvo al presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, Joaquín Quispe, y al alumno Ignacio García, durante un asado que se realizaba en la madrugada del jueves en el predio universitario ubicado en el barrio Los Naranjos de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En otro mensaje, el gobernador de Jujuy expresó "la solidaridad activa" desde su gobierno "para reparar el daño producido por el accionar policial" y pidió "disculpas a los compañeros detenidos".

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"Nunca desde que militaba en Franja Morada ingresó la Policía Provincial en la Universidad. Una vergüenza que pase en mi Gobierno", sostuvo tras remarcar que llegará "hasta las últimas consecuencias contra los responsables de la vergonzosa incursión de la policía".

El operativo policial desplegado el jueves en la madrugada despertó el rechazo de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Jujuy (ADIUNJu) que, a través de un comunicado, calificó de "ilegal" el ingreso de la policía en el predio universitario, como así también a la "detención de los estudiantes".

La condena por el accionar policial fue expuesta por el decano de la Facultad de Ciencias Agracias de la Universidad Nacional de Jujuy, Mario Bonillo, quien ayer afirmó que el asado organizado por los estudiantes contaba con la debida autorización y él estaba en pleno conocimiento.

Por su parte, a través de un escrito, uno de los estudiantes detenidos, Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, calificó el hecho que protagonizó como "desmedido e injustificado", y explicó que el asado era de "agasajo a los ingresantes", hecho habitual en el ámbito universitario, según coincidió con Bonillo.

El estudiante relató que cerca de la 1.30, llegaron al predio universitario "unos diez efectivos policiales" que pidieron "autorización" para la realización del evento, pero no les bastó el permiso de las autoridades de la Universidad, donde funciona la facultad de Ciencias Agrarias y de Ingeniería.

Según el relato de Quispe, los policías ingresaron "en forma violenta" al lugar, portando armas largas, y arrojando "al suelo" y dando "rodillazos y patadas" a los estudiantes que allí se encontraban, para luego arrastrarlos, golpeándolos "permanentemente" hasta el playón donde se estacionan los automóviles.

El ministerio de Seguridad de la provincia difundió ayer un comunicado en el que indicó que la policía actuó en respuesta a un llamado por "ruidos molestos" y por infringir las normas contravencionales por realizarse una "fiesta" sin la correspondiente autorización policial.

Por su parte, los concejales del Bloque UCR dijeron lo siguiente:  "expresamos nuestra preocupación por los hechos de público conocimiento acaecidos en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, y apoyamos la decisión del Señor Gobernador, Gerardo Morales, de investigar los hechos hasta las últimas consecuencias. Creemos firmemente en la autonomía universitaria, principio consagrado en la Ley de Educación Superior. La vida en Democracia nos exige el funcionamiento articulado entre la instituciones que la componen, y cualquier exceso debe ser puesto a consideración de la Justicia".

También se expresaron otros referentes académicos como la rectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Alicia Bardón, quien repudió "junto a toda la comunidad universitaria de Tucumán" y exigió "la urgente investigación e identificación de los responsables".

Asimismo, el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (Sidiu), de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se expresó en el mismo sentido contra lo que consideró "un acto de violencia institucional".

Desde el ámbito de los derechos humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), regional San Luis, cuestionó al gobierno de Jujuy, por violar sus fuerzas de seguridad la Ley Nacional de Educación Superior que establece la autonomía universitaria y, por lo tanto impide que se ingrese a una universidad nacional "sin autorización de la misma".

La Universidad Nacional de La Plata también expresó su rechazo a la actuación policial, violatoria de la Ley Nacional de Educación Superior, ya que "no contaban con orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida".

Otras voces se sumaron al rechazo, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Jujuy; el bloque de diputados del Frente para la Victoria-Pj; el presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, José Luis Gioja; el decano de la Facultad de Ciencias sociales de la UBA, Glenn Postolski; la agrupación Franja Morada, la Federación Universitaria Argentina y ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).