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SUSCRIBITEEl Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la cautelar que suspendió artículos centrales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Congreso de la Nación.
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que suspendió de manera cautelar una parte central de la reforma laboral. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que actuará con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación.
La cautelar fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, luego de una presentación realizada por la Confederación General del Trabajo. La resolución frenó provisoriamente la aplicación de más de 80 artículos de la ley 27.802 de Modernización Laboral, mientras se analiza el fondo del planteo. Hay reportes periodísticos que hablan de 82 artículos y otros de 83, por lo que ese número todavía aparece citado con diferencias según la fuente.
En el comunicado oficial, Capital Humano rechazó la decisión judicial y cuestionó a quienes impulsaron la acción. “Pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, sostuvo la cartera nacional. Además, remarcó que defenderá la ley sancionada por el Congreso y que buscará garantizar su plena vigencia.
Para el oficialismo, la reforma laboral es una herramienta clave para fomentar el empleo formal, mejorar la competitividad y dar mayor seguridad jurídica a trabajadores y empleadores. Sobre esa base, el Gobierno ya anticipó que agotará todas las vías judiciales para revertir la cautelar.
El juez Raúl Horacio Ojeda entendió que la aplicación inmediata de la reforma podía generar consecuencias difíciles de revertir en las relaciones laborales y, por eso, resolvió mantener el status quo hasta que exista una sentencia definitiva. El fallo no define todavía si la norma es o no constitucional, sino que establece una suspensión preventiva.
Entre los puntos alcanzados por la cautelar aparecen cambios sobre la Ley de Contrato de Trabajo, la regulación del derecho de huelga, la representación sindical, el cálculo de indemnizaciones, el banco de horas, la fragmentación de vacaciones y la derogación de la ley de teletrabajo, entre otros aspectos.
La CGT planteó que varios artículos introducen modificaciones regresivas sobre derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Según la central obrera, la reforma afecta la protección contra el despido, altera el equilibrio de la negociación colectiva y avanza sobre garantías sindicales.
En ese marco, la Justicia reconoció legitimación a la CGT para accionar en representación colectiva y consideró que existía una apariencia razonable de derecho suficiente para dictar la medida cautelar.
Por el momento, la reforma laboral quedó parcialmente paralizada hasta que se resuelva el fondo del caso o una instancia superior revierta la cautelar. La apelación del Gobierno abre una nueva etapa judicial en un debate que seguirá teniendo impacto político, sindical y económico.
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